El Gobierno abre la importación del combustible sin precisar costos ni plazos. Orlando Vaca advierte que la falta de acuerdos y la falta de decisiones políticas posterga la recuperación de la producción nacional de hidrocarburos.
Dos inversiones tecnológicas que evaluaban instalarse en México terminaron en otros países. Una planta de semiconductores de capital taiwanés eligió Tailandia y un proyecto de servidores para inteligencia artificial se trasladó a Brasil. ¿La razón? La falta de garantías de suministro eléctrico. Así lo reveló José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, en una entrevista publicada el 26 de octubre por el medio especializado mexicano EL CEO.
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El caso revela una condición para atraer capitales: las empresas necesitan energía suficiente, a precios previsibles y durante décadas. Orlando Vaca, experto boliviano en hidrocarburos, advierte que esa exigencia también alcanza a Bolivia, donde la producción del gas que alimenta gran parte de las centrales eléctricas se reduce año tras año.
Vaca observa que la competencia mundial por nuevas industrias incluye una carrera por asegurar electricidad. Cita a China, Estados Unidos y la ventaja hidroeléctrica de Paraguay. Advierte que una fábrica no puede planificar a largo plazo sin energía garantizada.
«Hay una gran brecha entre el sentido de urgencia que tenemos en el sector energético y la toma de decisiones», sostiene. Su preocupación incorpora un problema político: sin acuerdos duraderos y reglas que impulsen la exploración, el país puede perder oportunidades mientras se agota el tiempo para abastecer el mercado interno.
Una dependencia que crece
Un estudio del Growth Lab de Harvard, publicado en abril de 2026, indica que el 66% de la electricidad boliviana se generó con gas natural en 2024. Por eso, la crisis del sector no afecta únicamente las exportaciones: también alcanza a la generación que sostiene hogares, comercios e industrias.
El informe señala que la producción de gas cayó de 59,6 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a 27,3 millones en 2025: un retroceso del 54,2%. En ese período, las exportaciones disminuyeron un 78%. El país perdió ingresos y divisas, pero también capacidad de respuesta ante una eventual mayor demanda interna.
La dependencia encierra una contradicción. Las generadoras reciben gas a precios regulados muy inferiores a los de exportación. Harvard calcula una referencia de 1,3 dólares por millar de pies cúbicos para electricidad, frente a 6,4 dólares en las ventas a Brasil. Esa diferencia ayuda a contener los costos eléctricos, pero, según los investigadores, desincentiva la exploración y dificulta la competencia de proyectos solares e hidroeléctricos.
Importar gas, alivio parcial
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5755, que habilita excepcionalmente la importación de gas natural y gas natural licuado para consumo propio o generación eléctrica. Es una alternativa preventiva, no una compra ya concretada. Los plazos, volúmenes y costos dependerán de la reglamentación y de los contratos que puedan suscribirse.
Las explicaciones oficiales han sido breves. El ministro de Economía, Cristian Morales, dijo que se trata de una opción adicional, con participación privada, sin sustituir la provisión estatal. También aseguró que la electricidad no subirá de precio: «No va a subir, garantizamos […] que los precios de energía se mantienen».
Sin embargo, no se ha explicado cómo se financiaría una eventual diferencia entre el gas importado y el que hoy reciben las termoeléctricas a precios regulados. La falta de detalles impide conocer cuánto costaría y quién asumiría la diferencia.
Vaca pone cifras a esa inquietud: señala que el gas destinado a generar electricidad cuesta alrededor de un dólar por millón de BTU en Bolivia, mientras que en el mercado internacional puede cotizarse entre 10 y 12 dólares por la misma unidad. Son referencias del experto, no precios de contratos de importación; el costo final dependerá también del transporte y las condiciones de entrega.
Necesidad de acuerdos
Para Vaca, permitir importaciones puede evitar dificultades de abastecimiento, pero no sustituye la tarea de atraer inversiones a nuevos yacimientos. Plantea decisiones con horizontes de 18 meses, tres años y cinco años, además de reglas que den previsibilidad a quienes arriesgan capital en exploración.
El tiempo es determinante. Harvard advierte que un proyecto gasífero puede requerir entre siete y diez años desde la exploración hasta la primera producción.
Bolivia necesita inversiones para recuperar su capacidad energética, pero esos mismos recursos requieren electricidad segura y competitiva. El desafío no es solo encontrar gas para los próximos años; es construir acuerdos y garantizar energía para que la industria pueda crecer durante las próximas décadas. Sin esa certeza, el país arriesga nuevas oportunidades de inversión.
