La reciente y profunda sacudida en el sistema judicial boliviano —ejemplificada por el caso del exfiscal general Roger Mariaca, investigado y apartado por presuntos nexos con redes de corrupción— ha abierto una ventana de esperanza sobre la necesidad de transparentar las instituciones del Estado. Sin embargo, sanear la justicia es apenas la mitad del camino. El clamor ciudadano apunta ahora, con absoluta urgencia, hacia el otro gran poder del Estado: la Asamblea Legislativa Plurinacional. No basta con limpiar los tribunales si en el Parlamento se siguen decidiendo el destino del país a puerta cerrada.
Históricamente, la clase política ha defendido el voto secreto en el legislativo bajo el argumento de la libertad de conciencia del asambleísta. No obstante, la realidad cotidiana de nuestra democracia ha demostrado lo contrario. El anonimato en las votaciones, ya sea para leyes clave, designaciones o elecciones internas, se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para el fantasma del «maletinazo». Cuando el voto no se muestra a la luz pública, se abre la puerta a la negociación bajo la mesa, al prebendarismo y a la desconexión total entre el legislador y los ciudadanos que dice representar. Los políticos están hoy firmemente en la mira de una sociedad que percibe opacidad y desconfianza.
La pregunta es evidente: ¿están los partidos políticos dispuestos a renunciar a este blindaje? La respuesta lógica, respaldada por la historia institucional boliviana, es un rotundo no. Ningún estamento de poder cede voluntariamente los mecanismos que protegen su comodidad y sus pactos de pasillo. Esperar que la Asamblea modifique por propia iniciativa sus reglamentos de debates para instaurar la votación nominal obligatoria es una ilusión.
Por ello, la transformación debe nacer desde afuera. Ante la resistencia partidaria, la sociedad civil organizada tiene el deber de tomar la batuta. Mecanismos como la presión ciudadana sostenida, las veedurías digitales para exponer el comportamiento de los legisladores y la exigencia de un referéndum constitucional son las únicas herramientas capaces de doblegar la inercia del poder político.
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La transparencia no es un favor que los gobernantes le hacen al pueblo; es un derecho inalienable de fiscalización. Si Bolivia aspira a construir una democracia sólida, el primer paso indispensable es desterrar el secretismo parlamentario. El voto de cada representante debe ser público, abierto y expuesto al juicio de la historia y de las urnas. Ya es hora de que se acaben las sombras en el legislativo.
En la gran mayoría de los sistemas democráticos avanzados, el secreto solo se tolera excepcionalmente para asuntos muy específicos y estrictos de carácter personalísimo (como votaciones sobre la inmunidad o desafuero de un colega, o procesos disciplinarios internos), pero nunca para la aprobación de leyes, presupuestos o designaciones de alto impacto nacional, donde el mandato popular exige saber exactamente quién votó qué.
La experiencia internacional demuestra que la transparencia nominal no debilita la democracia, sino que le otorga el antídoto necesario contra la corrupción y el tráfico de influencias.
MSc. Hugo Salvatierra Rivero
Periodista y docente universitario
