Tres millones quinientos treinta y dos mil cien bolivianos y diez mil dólares. Ese fue el dinero contabilizado en una ambulancia interceptada horas después de la aprehensión de Roger Mariaca. Según la imputación, el efectivo había sido retirado de su domicilio. A los pocos días se informó del hallazgo de una caja fuerte en su vivienda, cuyo contenido aún debe precisarse oficialmente, aunque versiones periodísticas hablaban de la friolera de dos millones y medio de dólares. Una fortuna de esa magnitud difícilmente se explica con los ahorros de un salario de empleado público.
El fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, informó que Mariaca utilizaba seguridad privada en Santa Cruz en lugar de escoltas policiales. ¿Por qué quien encabezaba el Ministerio Público prefería esa protección? La decisión permite preguntarse si desconfiaba de la Policía y qué riesgos percibía en sus actividades.
Los hallazgos obligan a mirar más allá del funcionario investigado. Si la justicia se ha convertido en un lucrativo negocio, no es por la corrupción de una persona. El Gobierno ha dicho que se trata de una organización delincuencial. Hay que establecer quiénes pagaban y qué recibían a cambio, además de identificar a los intermediarios.
El mayor peso de la responsabilidad corresponde a jueces, fiscales y policías, encargados de administrar justicia y hacer cumplir la ley. Vender una sentencia o negociar el curso de una investigación significa traicionar sus funciones. Quien fabrica pruebas o las hace desaparecer sirve al delito y deja indefenso al ciudadano que debía proteger.
Pero la corrupción no termina en la oficina del que cobra. Hay litigantes que conocen la ilegalidad de su pretensión y pagan para imponerla. Buscan legalizar un despojo o asegurar impunidad. Una resolución convierte su abuso en un derecho que la víctima queda obligada a aceptar.
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Distinta es la situación de quien tiene un derecho legítimo y sufre una exacción para que su causa avance. Uno compra una ventaja ilegal; al otro le cobran por recibir lo que le corresponde. Confundirlos sería castigar otra vez al extorsionado.
En ambos casos, el abogado que interviene como negociante también debe responder por sus actos. Si ayuda a imponer el cobro y se beneficia de él, contribuye al sometimiento de su propio cliente. Al abuso del funcionario se suma la traición profesional. Si pacta un fallo para favorecer una pretensión ilegal, participa del fraude. Asistir al perjudicado jamás puede justificar la complicidad con quienes lo extorsionan.
La profesión se envilece en manos de esos mercaderes de la justicia. Cuando el precio de la coima asegura el resultado, el conocimiento del Derecho pierde valor. La experiencia procesal queda desplazada por la inmoral habilidad para negociar con quien decide. El cliente deja de preguntar quién puede sostener mejor su causa y busca al que puede garantizarle el fallo favorable. Los años de estudio valen menos que una llamada.
Así se amasan fortunas mientras se empobrece el prestigio de una profesión.
El abogado honrado paga un doble precio. Compite en desventaja con quien ofrece una sentencia convenida y, además, soporta la sospecha que se extiende sobre todos los profesionales del Derecho.
Recuerdo pocos momentos en los que tuve cierta confianza en nuestra justicia. Merece rescatarse la conformación del primer Tribunal Constitucional en 1998, que inició sus labores jurisdiccionales el 1 de junio de 1999. La calificación de méritos permitió incorporar a juristas de reconocida trayectoria, como Pablo Dermizaky, José Antonio Rivera y Willman Durán. Los dos tercios exigían acuerdos entre fuerzas políticas distintas. Aquella democracia pactada tuvo cuoteo, pero también demostró que era posible reconocer capacidad profesional y dar espacio a la independencia.
La corrupción no nació con el MAS, pero salta a la vista que el “proceso de cambio” se esmeró en pervertir la justicia. Su predominio legislativo le permitió prescindir de la oposición en decisiones que exigían dos tercios. La garantía del consenso perdió su sentido cuando una sola fuerza dispuso de los votos necesarios para imponerse. Ese esquema de poder controló la preselección de candidatos judiciales y presentó como democratización un procedimiento que facilitaba el sometimiento de la justicia.
El caso del Hotel Las Américas mostró hasta dónde podía llegar esa degradación. El proceso abierto tras el operativo policial de abril de 2009 se prolongó casi once años, hasta el retiro de las acusaciones en 2020. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que hubo torturas y detenciones arbitrarias, además de graves violaciones de las garantías judiciales.
En 2012, el caso de Jacob Ostreicher, detenido desde 2011, destapó una red de extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno y alcanzaba a la Fiscalía y a operadores judiciales. Varios abogados terminaron condenados. El empresario fue despojado de bienes valuados en millones de dólares. Su cinematográfica fuga de Bolivia, en diciembre de 2013, contó con la ayuda del actor Sean Penn.
Ambos episodios muestran cómo la persecución política y el enriquecimiento privado encontraron amparo en las instituciones que debían impedirlos. Mientras se invocaba al pueblo, el aparato encargado de proteger derechos servía para vulnerarlos.
Los hallazgos de hoy abren la oportunidad de romper esa continuidad. Limpiar el Ministerio Público exige investigar toda la cadena y seguir el rastro del dinero hasta sus beneficiarios, aunque alguno sea cercano al Gobierno. También es preciso recuperar los fondos cuyo origen ilícito se establezca. Deben examinarse las fortunas incompatibles con los ingresos legales, los favores obtenidos mediante pagos y los daños causados a quienes perdieron sus bienes o su libertad por decisiones compradas.
Los colegios de abogados tienen una responsabilidad ineludible. Defender la profesión exige actuar frente a las faltas acreditadas y respaldar a quienes las denuncian. El silencio o la complicidad corporativos permiten que los negociantes sigan utilizando el título de abogado para encubrir su oficio de traficantes de fallos. La dignidad profesional se recuperará cuando la honradez deje de ser un impedimento.
Mientras quienes compren o vendan una ventaja ilegal se cobijen en la impunidad, el negocio seguirá abierto y la balanza de la justicia seguirá inclinándose hacia el dinero o la influencia.
