La ampliación de las restricciones migratorias de Estados Unidos sacude el tablero político boliviano, entre los 40 ciudadanos incluidos, ahora figuran el exfiscal general Juan Lanchipa, autoridades judiciales, mandos policiales y diputados en ejercicio, como Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco. La decisión abre otro frente de presión: desde la alianza Libre, liderada por Jorge “Tuto” Quiroga, y sectores vinculados al gobernador cruceño Juan Pablo Velasco, exigen apartar a los legisladores señalados y someterlos a la justicia sin privilegios.
Y es que, el mensaje de Washington trasciende las fronteras bolivianas, bajo la estrategia regional denominada Escudo de las Américas y las directrices asociadas a la Cumbre de Doral, Estados Unidos coloca la corrupción y el narcotráfico en el centro de su agenda de seguridad hemisférica. En Colombia, por ejemplo, las restricciones que alcanzan a figuras cercanas al poder generaron cuestionamientos sobre posibles irregularidades; en Perú, las medidas contra magistrados despertaron controversia por sus decisiones judiciales, y en Ecuador, las sanciones a familiares de personas señaladas apuntan a presuntas redes financieras.
Las consecuencias de figurar en estas listas van mucho más allá de perder el derecho a ingresar a Estados Unidos. Las disposiciones migratorias invocadas por el Departamento de Estado, pueden convertir una sanción administrativa en un problema político de enormes dimensiones. Para una autoridad, el señalamiento significa explicar su situación ante la opinión pública, enfrentar cuestionamientos dentro de su organización y cargar con un costo reputacional difícil de revertir. Es, en términos políticos, una forma de aislamiento internacional, aunque sus efectos concretos dependen de cada caso.
El golpe también puede alcanzar a los partidos y las instituciones que cobijan a los señalados. Ninguna organización quiere cargar con el costo de defender a una figura cuestionada, especialmente cuando sus adversarios exigen renuncias y procesos judiciales. Sin embargo, conviene separar los hechos comprobados de las sospechas: una restricción migratoria no demuestra automáticamente la existencia de delitos ni implica, por sí misma, el congelamiento de cuentas bancarias, cualquier investigación financiera o penal requiere procedimientos y pruebas propios.
En Bolivia, el desafío es doble, por un lado, las instituciones deben investigar cualquier indicio de corrupción o vínculos con el crimen organizado, sin importar el cargo, la bancada o las influencias del implicado. Por otro, el Estado no puede delegar en Washington la tarea de establecer responsabilidades dentro de su territorio. Si las autoridades bolivianas solo reaccionan cuando llega una sanción externa, queda expuesta una debilidad mucho más profunda: la incapacidad de investigar a tiempo y hacer cumplir la ley sin presiones internacionales.
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Washington puede cerrar sus puertas, pero no puede reemplazar a la justicia boliviana. Porque el verdadero cambio en el mapa político no se medirá por cuántos nombres aparecen en una lista extranjera, sino por la capacidad de Bolivia para demostrar que nadie está por encima de la ley, ese es el norte.
Lic. Miroslava Fernandez Guevara
Periodista y politóloga
