Durante años normalizamos lo que nunca debimos aceptar. Por miedo a enfrentarnos al poder de Evo Morales, toleramos que el crimen organizado y el narcotráfico avanzaran sobre nuestra sociedad.
Como sociedad, permitimos que quienes acumulaban poder a través de actividades criminales fueran presentados como grandes empresarios, recibieran reconocimiento y ocuparan espacios de prestigio. Sabíamos de dónde venía su dinero, pero muchos prefirieron mirar hacia otro lado antes que cuestionar a quienes tenían poder e influencia. Poco a poco, lo que debió indignarnos se volvió cotidiano y terminamos acostumbrándonos a una realidad que jamás debimos aceptar.
Lo peor de todo es que hubo y siguen existiendo políticos que los respaldaron públicamente y guardaron silencio frente a sus abusos. Y aprovecharon su cercanía para obtener beneficios personales: desde conseguir la liberación de personas de su entorno hasta favorecer a quienes debían responder por delitos graves. Intercambiaron respaldo político por favores personales, sacrificando la Justicia y los principios que tenían la obligación de defender.
Y mientras algunos se benefician de la impunidad, la sociedad sana y decente paga las consecuencias. Hoy esas consecuencias están a la vista: asesinatos, ataques armados y una población que vive con creciente preocupación por su seguridad. El narcoterrorismo no es una amenaza lejana ni una discusión teórica cuando la violencia golpea nuestras ciudades y comunidades. Es una realidad que exige respuestas firmes, instituciones capaces de enfrentarla y una Justicia que no esté al mando de criminales.
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Pero esta es una historia que los bolivianos ya vivimos. Hace 40 años, los asesinatos de Noel Kempff Mercado y Edmundo Salazar dejaron una lección que no podemos olvidar. La Marcha del Silencio de 1986 expresó el rechazo de una sociedad que se negó a permanecer indiferente frente al avance del narcotráfico. Décadas después, esa historia vuelve a interpelarnos.
Hoy, esa indignación debe traducirse en acciones concretas. Desde la Asamblea Legislativa, tenemos la obligación de impulsar una reforma profunda de la Justicia, establecer mecanismos efectivos de control sobre el Ministerio Público y garantizar que jueces y fiscales actúen con independencia, sin presiones políticas ni vínculos con intereses criminales. También debemos exigir que se investigue a quienes facilitaron o encubrieron estas redes y que respondan ante la ley, sin privilegios ni excepciones.
La respuesta no puede quedarse en discursos: necesitamos leyes que funcionen, instituciones que cumplan su deber y consecuencias reales para quienes utilizan el poder para garantizar impunidad.
Y como sociedad, debemos dejar de confundir dinero con honorabilidad, poder con mérito y reconocimiento público con integridad. En una época dominada por la superficialidad de las redes sociales, corremos el riesgo de confundir popularidad con integridad y espectáculo con liderazgo. Debería importar mucho más quién es una persona, qué representa y cómo ha actuado a lo largo de su vida que la cantidad de reproducciones que consiguen sus videos.
Porque una sociedad que se acostumbra a la indecencia termina pagando el precio de su silencio. Y nosotros no podemos seguir callados.
Fuente: Facebook Branko Marinkovic