Durante más de dos décadas, el discurso oficial en Bolivia ha impuesto un relato monolítico sobre los hechos de septiembre y octubre de 2003. Se nos ha repetido sin descanso que aquello fue una «rebelión popular espontánea» contra un Estado excluyente. Sin embargo, a la luz del tiempo y del colapso institucional que vivimos hoy, el análisis riguroso demuestra una realidad muy distinta: si bien existía un descontento social genuino, este fue hábilmente instrumentalizado por fuerzas políticas para liquidar la democracia representativa liberal e instalar un proyecto hegemónico. Lo que se vendió como una gesta libertadora fue, en realidad, el origen del descalabro nacional.
El mito de la República excluyente El proyecto plurinacional basó su legitimidad inicial en el mito de que la República ignoraba a sus ciudadanos. La historia documentada desmiente esta premisa. Fue precisamente la democracia republicana la que construyó las bases de la inclusión social y la modernización del Estado.
Tras salvar al país del colapso hiperinflacionario en 1985 con el Decreto Supremo 21060 —medida de shock diseñada bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro—, el Estado recuperó su viabilidad. Posteriormente, entre 1993 y 1997, la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada ejecutó el paquete de reformas estructurales más profundo de nuestra historia moderna. La Ley de Participación Popular (1994) descentralizó el poder político y los recursos hacia los municipios rurales; se implementó la Reforma Educativa bilingüe; se creó el Bonosol; y se promulgó la Ley INRA, que reconoció legalmente las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). La República no era un modelo de exclusión; edificó las leyes que garantizaron la ciudadanía plena.
La instrumentalización del descontento, No obstante, el modelo sufrió desgaste. Para 2003, el país atravesaba una evidente fatiga económica y un comprensible rechazo popular a la posibilidad —entonces en fase de evaluación— de exportar gas boliviano utilizando puertos chilenos. Esta profunda sensibilidad histórica vinculada a la reivindicación marítima fue el caldo de cultivo ideal para actores radicales como Evo Morales y Felipe Quispe. Paradojas de la historia: años más tarde, el propio Morales, de la mano de Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, terminaría sepultando definitivamente las aspiraciones marítimas bolivianas con el fallo adverso en La Haya.
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La protesta legítima fue rápidamente secuestrada por la subversión. La violencia escaló en El Alto, Sorata y Warisata con tácticas de asedio militar, cortes de suministros y el uso de armas de fuego letales por parte de sectores movilizados. Ante la asfixia urbana y la toma de rehenes civiles, las fuerzas del orden no aplicaron una represión indiscriminada, sino que ejercieron su mandato de despejar vías y garantizar el abastecimiento.
¿Por qué recurrir al cerco urbano en lugar del tradicional golpe militar? La respuesta es geopolítica. Bolivia era signataria de la Carta Democrática de la OEA desde 2001, la cual prohíbe reconocer gobiernos surgidos de rupturas violentas. Para eludir el aislamiento internacional automático, los conspiradores optaron por estrangular las ciudades para forzar la renuncia presidencial, disfrazando el quiebre bajo la fachada de una «sucesión constitucional» que ya contaba con el visto bueno del vicepresidente Mesa.
La amnistía y la transición pactada En este complejo ajedrez, las decisiones de la Vicepresidencia fueron determinantes. Carlos Mesa se distanció públicamente del Ejecutivo en el momento de mayor crisis, pero no renunció a su cargo, asegurando su permanencia en la línea de sucesión. Tras asumir la presidencia en octubre, su gobierno promulgó el Decreto Supremo 27234 de amnistía. Esta norma reclasificó el vandalismo y el asedio como «delitos políticos», extinguiendo las acciones penales contra los líderes de la protesta. Se consagró así una asimetría jurídica nefasta: impunidad para los subversivos y persecución para las fuerzas del orden.
Asimismo, la gestión de Mesa viabilizó la «Agenda de Octubre», abriendo la puerta a la Asamblea Constituyente. Al colapsar su propio gobierno en 2005 por las mismas tácticas de bloqueo que lo llevaron al poder, vetó —a solicitud expresa de Evo Morales— la sucesión constitucional que correspondía al presidente del Senado o al presidente de la Cámara de Diputados. Entregó así la transición a Eduardo Rodríguez Veltzé, allanando el camino para el ascenso del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ambos exmandatarios terminarían años después colaborando con el régimen en la fallida demanda ante La Haya.
El colapso institucional hacia el 2026 Las consecuencias de aquella ruptura pactada en 2003 son el país que habitamos hoy. La imposición del Estado Plurinacional destruyó la independencia institucional. La elección de magistrados por voto popular (2011) convirtió al Órgano Judicial en un instrumento de persecución política.
Paralelamente, la sustitución de leyes antidrogas por normativas permisivas y la expulsión de la DEA (2008) dispararon los cultivos de coca a más de 36.400 hectáreas, consolidando zonas impenetrables para el Estado, como el Trópico de Cochabamba, y ofreciendo cobertura logística al narcotráfico. Este proceso de degradación democrática tuvo su clímax en el fraude electoral de 2019 documentado por la OEA.
A más de veinte años de distancia, la bruma del relato oficial comienza a disiparse. Octubre de 2003 no fue el amanecer de una nueva democracia, sino el punto de inflexión donde se planificó la destrucción de la República. Entender la verdad de nuestro pasado reciente, sin mitos ni eufemismos, es el primer paso indispensable para tener alguna esperanza de reconstruir el Estado de derecho en Bolivia.
Dr. Javier Torres Goitia Caballero