La normativa establece mecanismos concretos de protección económica, alimentación, salud, educación y seguimiento para hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida. Su presentación oficial se realizará este domingo 11 de octubre.
Fuente: PRENSA – VIODyD
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos consolida la reglamentación de la Ley N.º 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida, resultado de un proceso técnico, jurídico e interinstitucional desarrollado durante 2026 para hacer efectiva la protección establecida por la norma.
Este miércoles, el Gobierno nacional anunció la promulgación del Decreto Supremo reglamentario, que establece los mecanismos operativos para que las personas beneficiarias puedan acceder a medidas de protección y reparación desde la situación de orfandad.
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El trabajo comenzó durante los primeros meses del año con mesas técnicas impulsadas junto a la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones especializadas en niñez y adolescencia. En febrero, el proceso articuló a más de 50 organizaciones y, el 4 de marzo, la propuesta de reglamentación fue entregada oficialmente a la viceministra Jessica Echeverría, dando paso a su revisión jurídica, técnica y operativa desde el Órgano Ejecutivo.
En su construcción participaron, entre otras instituciones, la Defensoría del Pueblo, Fundación Voces Libres, Aldeas Infantiles SOS, Comunidad de Derechos Humanos, Fundación Alianza para los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia, Oficina Jurídica para la Mujer, representantes del sistema de justicia y la academia.
Una protección que comienza desde la situación de orfandad
Uno de los principales avances del Reglamento es que la protección económica no queda condicionada a esperar la conclusión del proceso penal. Se establece un Bono Económico Provisional de Bs 660 mensuales, equivalente al 20 % del Salario Mínimo Nacional de 2026, mientras se sustancia el proceso, además de un Bono Definitivo una vez exista sentencia condenatoria ejecutoriada.
La normativa incorpora también un paquete alimentario para menores de cinco años, acceso a servicios de salud, continuidad y traslado inmediato en el sistema educativo, mecanismos de registro mediante el SINNA y medidas de seguimiento y coordinación interinstitucional.
La protección podrá extenderse a jóvenes de hasta 25 años que continúen en situación educativa y a personas con discapacidad que se encuentren imposibilitadas para trabajar. Inicialmente se tiene identificadas a aproximadamente 40 personas beneficiarias.
El Reglamento convierte así la Ley N.º 1680 en un mecanismo operativo de protección integral, articulando asistencia económica, alimentación, salud, educación y restitución de derechos para evitar que las consecuencias del feminicidio recaigan únicamente sobre las hijas e hijos que sobreviven a la violencia.
Presentación oficial este 11 de octubre
El proceso tendrá un nuevo hito este domingo 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana, cuando el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos liderará la presentación oficial del Reglamento de la Ley N.º 1680, desde las 11:00, en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo.
El acto contará con autoridades nacionales, la Defensoría del Pueblo, representantes de organizaciones de la sociedad civil y entidades que participaron en el proceso de construcción y revisión de la reglamentación.
La fecha adquiere especial significado frente a una de las consecuencias más profundas de la violencia feminicida: niñas, niños y adolescentes que, además de perder a su madre, enfrentan cambios abruptos en sus condiciones familiares, económicas, educativas y emocionales.
Con esta reglamentación, el trabajo desarrollado durante el año se traduce en mecanismos concretos de protección, reparación y restitución de derechos, bajo el principio de que la respuesta del Estado frente al feminicidio debe alcanzar también a las hijas e hijos que enfrentan sus consecuencias.
