La elaboración de políticas públicas para la prevención y atención de posibles casos de embarazos adolescentes producto de violación requieren de una sistematización de datos para establecer la dimensión del problema.
Fuente: El País.bo
Laura (nombre ficticio) tiene 12 años y vive en una comunidad de Caraparí, Tarija, con su madre. En agosto su padre fue sentenciado. La violaba desde 2023 hasta inicios de este año, sin que nadie se diera cuenta y lo denunciara al sistema de justicia.
No fue hasta que la niña presentó los primeros síntomas de embarazo que saltaron las primeras alarmas y se activó la denuncia. Tras una evaluación médica, se practicó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En el proceso los investigadores encontraron evidencia, no solo de que el sujeto de 59 años de edad había embarazado a su hija biológica, sino también de que comenzó a agredirla en 2023, cuando ella tenía aún 10. Las agresiones iniciaron con abusos y luego fueron escalando a violaciones, reiteradas.
Las pruebas demostraban la comisión del delito, sin embargo, el proceso conllevó dificultades, como las relacionadas con las carencias del Órgano Judicial. Una de ellas, que el municipio de Caraparí no cuenta con un Tribunal de Sentencia propio y el caso se juzgó en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Yacuiba. Tampoco tiene una cárcel apropiada para el cumplimiento de condenas y el hombre igualmente fue derivado al recinto de la capital chaqueña para cumplir la pena máxima de 30 años.
Datos y falta de información
La información provista por el Ministerio Público da cuenta de que hasta la primera semana de octubre de 2026 se practicaron tres ILEs a menores por causal de violación. La base de datos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) detalla que dos de ellos se realizaron en Cercado y otro en Villa Montes; y que dos fueron en el primer trimestre, el restante en el segundo trimestre.
El fiscal Aldo Corrillo, a cargo de la Unidad de Delitos en Razón de Género de Tarija, aclaró que estos no son los únicos casos de embarazos producto de violación a menores de edad. En otros avanza la gestación.
“Tres han tomado la decisión de realizar la ILE y estas se han hecho de acuerdo a protocolo. Sin embargo, al ser una decisión propia de la víctima, también hay quienes deciden dar a luz”.
Apuntó que en ambos casos la Fiscalía ordena actuaciones, como la colecta de muestras de sangre para poder realizar las pericias en genética y pruebas de paternidad para que prosiga la causa penal.
La directora del SEDES, Sara Cuevas, publicó los registros de enero a agosto, que muestran que hubo un total de 601 embarazos entre los 10 y 19 años distribuidos en los once municipios. De esos, 564 fueron de 15 a 19 años y 37 en menores de 15.
Corrillo dio los datos aclarando que el delito de violación a infante, niña, niño, adolescente está contemplado en el artículo 308 bis del Código Penal, refiere a las relaciones con menores de 14. De esa tipificación se atendieron 52 casos hasta la primera semana de octubre. A eso se suman los hechos de violación tipificados en el 308, que refieren a mayores de 14 hasta la adultez. Fueron 79 y de esos, un 80 por ciento corresponde a mayores de 14 y menores de 18.
Datos faltantes
El dato faltante en estos reportes es cuántos de esos embarazos adolescentes son producto de una agresión sexual. El País solicitó la información al Ministerio de Salud, que es la entidad rectora, pero no obtuvo una respuesta. Tampoco se encuentra en los informes del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Contra las Drogas (OBSCD), que no actualizó boletines desde fines de 2025 hasta agosto de 2026. Hay estimaciones de que un alto porcentaje es resultado de una agresión sexual, pero no la cifra exacta.
Lo que se puede verificar en los datos del SEDES es la fluctuación de los embarazos adolescentes. No existe una línea persistente en ascenso o descenso. El 2022 el total entre menores de 19 era de 1.106, de esos 65 eran de menores de 14. El 2023 bajó a 964, con 54 en menores de 14. El 2024 se redujo a 811, con 45 en menores de 14. El 2025 repuntó el total a 1.049 con 60 en menores de 14 años. No todos los casos derivaron en una causa penal.
“Hay que entender que los delitos de violencia sexual tienen un contexto de silencio y en un 90 por ciento el agresor es parte de su entorno familiar y social. Lamentablemente esta situación evita que sea denunciado de manera inmediata porque existe también un sometimiento. Entendamos que el delito de violación es prácticamente una manifestación de poder del agresor frente a la víctima, peor si es infante niña niño adolescente; todavía peor si tiene algún tipo de vínculo familiar y si existe una situación jerárquica del agresor respecto a la víctima”, apuntó el fiscal Corrillo.
En ese sentido, dijo que hay casos en los que la denuncia surge fuera del entorno familiar, como en las unidades educativas o los centros de salud donde se diagnostica que las menores están atravesando una gestación. Recalcó que este personal está en la obligación de hacer conocer tanto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Fiscalía y FELCV.
“Cuando nos llegamos a enterar como Ministerio Público, hemos tenido casos en los que quien denuncia no es el entorno de la niña agredida, sino es el entorno social o educativo. Por ejemplo, las profesoras o cuando la niña presenta ciertos síntomas que ya no son atendibles dentro de su hogar y acude a centros médicos y es el personal médico quien tiene la obligación de poner en conocimiento esta situación porque no es normal que niñas de 11, 12 o 13 acudan con estados gestacionales. No representa otra cosa que una relación sexual que es necesario investigar. Conocemos y se inician las actuaciones”.
Falta de recursos
A las carencias en la sistematización de datos se suman las deficiencias en las instituciones a cargo de atender a las víctimas.
A pesar de que el departamento es el cuarto con más denuncias de violencia, hay aproximadamente un centenar de funcionarios asignados a la FELCV en las distintas jurisdicciones. En total el Comando tarijeño dispone de cerca de 2.000 uniformados.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Luis Esteban Ortiz, confirmó que existen acefalías, pero también falta personal de apoyo y jueces para la creación de nuevos juzgados y tribunales.
El Ministerio Público en 2026 reportó a inicios de la gestión que en las distintas defensorías de los municipios un común denominador es que el personal no goza de ítem laboral, sino que únicamente cuenta con contratos temporales. Eso dificulta la especialización de los funcionarios y la atención permanente de las víctimas.
Una investigación publicada por el OBSCD denominada “Del hogar al Juzgado” identifica carencias en instituciones a cargo de la atención de hechos de violencia, como la Fiscalía, el Órgano Judicial y la FELCV. En particular se refiere a faltas de material, infraestructura y personal. Aunque se enfoca en el eje troncal del país, la situación se replica en Tarija.
Actualmente no todos los municipios cuentan con cámara Gesell, aunque sí se implementaron algunas alternativas como el uso de celulares y grabaciones vía Zoom.
Protocolo
La Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 habilita la práctica de la ILE en las tres causales de riesgo de salud de la madre, malformación congénita incompatible con la vida y violencia sexual. En este último caso el único requisito es la copia de la denuncia, no se pide requerimiento fiscal ni orden judicial.
Dicha copia se presenta en los servicios médicos y el personal hace una valoración para definir el estado de la paciente y la viabilidad. Además, se establece que la decisión voluntaria y el consentimiento de la víctima son suficientes.
Paralelamente se notifica a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y el Ministerio Público para la apertura de una investigación.
La elaboración de políticas públicas para la prevención y atención de posibles casos de embarazos adolescentes producto de violación requieren de una sistematización de datos para establecer la dimensión de la problemática, además de la coordinación entre las instituciones de salud, educación y justicia, tanto para la persecución de posibles agresores como la asistencia integral a las víctimas.
Fuente: El País.bo
