Exigen saber por qué la Comisión de Justicia Plural hizo a un lado varios criterios de las propuestas normativas que respetaban el verdadero espíritu de una ley contra los bloqueos. Rechazan que en el análisis del proyecto de ley de “Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano” se haya priorizado la incorporación de criterios que benefician a bloqueadores, además de sanciones para autoridades. Piden no especular y acompañar los debates de comisión antes de denunciar supuestas distorsiones en el proyecto de ley contra los bloqueos.
Fuente: El Diario
Calificando como positivo que, tras una ola de cuestionamientos, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, haya determinado reconsiderar la aprobación del proyecto de ley “antibloqueos”, el diputado por la alianza Unidad, Carlos Alarcón, afirmó que ninguna medida de presión, por más legítima que sea la demanda, puede recurrir al chantaje del bloqueo para ejercer presión, por lo que es preciso reconducir el sentido de la norma observada.
En criterio de Alarcón, es necesario revisar el trabajo realizado en comisión y conocer por qué se dejaron de lado varios criterios expresados en propuestas normativas que respetaban el verdadero espíritu de una ley contra los bloqueos, además de contar con un importante avance para su tratamiento y eventual aprobación.
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Para el legislador paceño, el proyecto de ley aprobado esta semana por la Comisión de Justicia Plural, priorizó la incorporación de lineamientos que benefician a bloqueadores, promotores, organizadores y sus financiadores, mientras se incorporaron sanciones agravadas para autoridades.
“Ante el reclamo enérgico que se ha hecho, la Comisión dio un paso atrás y reconsideró la aprobación, ahora el miércoles vamos a reconducir este trabajo para que salga como resultado un verdadero proyecto de ley antibloqueos”, sostuvo Alarcón, advirtiendo sobre el enorme daño que se le estaría haciendo al país en caso de aprobarse una normativa benevolente con los bloqueadores.
En esa línea, reiteró que ninguna medida de presión, por más legítima que esta sea, puede utilizar a personas inocentes para ponerlas de rehenes en busca de llamar la atención de la sociedad y chantajear a autoridades públicas.
Alarcón explicó que este tipo de prácticas son un atentado y una grave violación a los derechos fundamentales de inocentes, por lo que cualquier bloqueo que vulnere el derecho a la salud, la educación, el libre tránsito, comercio, turismo y otras actividades productivas de la población, debe ser sancionado como corresponde.
“No puede ser que en instancias de esta Comisión se haya mezclado dos contenidos completamente opuestos, donde uno termina neutralizando al otro”, añadió el parlamentario, adelantando que los proyectistas originales de algunas iniciativas contra el bloqueo, unificarán criterios en una sola propuesta.
Esta semana, el diputado oficialista Manolo Rojas Paz confirmó que se solicitó una reconsideración al proyecto de ley contra los bloqueos, recientemente aprobado por la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, no por su contenido sino por algunas falencias en el proceso de socialización y por observaciones a temas como la penas que se disponen en la norma.
Respecto a las versiones que denuncian una supuesta distorsión de la propuesta normativa original, Rojas pidió que no se especule y se acompañe el debate en las instancias correspondientes.
“Al final, esto se va resolver en un debate, quienes observan el contenido de la norma tienen todo el derecho de pedir una reconsideración, lo han hecho de esta forma y seguramente tras un análisis y votación en la comisión, esta norma continuará su proceso de tratamiento legislativo”, dijo.
“Hasta este momento se continúa redactando el articulado de la ley. Están especulando porque ni siquiera han leído la norma y hablan por hablar. Me parece peligrosa y tendenciosa esa actitud, no es solo presentar propuestas y luego olvidarse de hacer un seguimiento de su avance en comisión”, agregó.
El denominado “Proyecto de Ley de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano” fue aprobado esta semana por la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, en su texto se establecen penas para quienes bloqueen rutas, así como responsabilidades para autoridades que no atiendan conflictos en el marco de sus competencias.
Una de las principales observaciones a la norma es que se haya incorporado sanciones para ministros, gobernadores, alcaldes y otras autoridades cuando no hubieran dado respuesta a las demandas planteadas por sectores sociales.
Ante dichas observaciones, Rojas invitó a todos los parlamentarios que cuestionan el texto del proyecto de ley a participar de la próxima sesión de la Comisión de Justicia Plural, convocada para el miércoles 14 de octubre, cuando se reconsidere su aprobación y se analice parte de su contenido.
Fuente: El Diario
