Por Milton Condori Apaza
El exdirector de Migración Marcel Rivas denunció que durante su gestión, en 2020, se detectaron más de 260 casos en los que la institución entregó documentación a ciudadanos extranjeros. Según Rivas, esos trámites, sumados a los formularios que se solicitan en Migración, generaron más de $us 4 millones, monto que no ingresó a las arcas del Estado.
Según el exejecutivo, los trámites para obtener certificados de permanencia, de residencia, de permanencia temporal o autorizaciones migratorias llegan a costar más de Bs 3.000, pero esos montos nunca se registraron en el sistema.
“Dependiendo del tipo de trámite, puede ser 300, 400, 500, a 3.000 bolivianos depende, se tiene que pagar a Migración, pero se ha hecho ese pago. En esa época saltaron todos estos elementos y de manera directa las carpetas pasaban de un escritorio a otro, sacaban las resoluciones en sus escritorios, seguramente se las entregaban a los interesados y ese dinero nunca en las arcas del Estado. Todo el trámite, contando varias cosas, porque no es un solo pago, va desde 300 hasta 3.000 bolivianos. O sea, depende del tipo de trámite. Entonces, todos estos elementos están en función al tipo de trámite”, explicó Rivas.
Recalcó que el monto correspondiente a ese año, durante el cual fungió como director de Migración, llegó a “aproximadamente 4 millones de dólares. que no pasaron por recaudaciones, que de manera directa pues alguien recibió y ya está, y no lo registraron jamás”.
El exdirector explicó que las irregularidades comenzaron a documentarse en 2020, cuando se identificaron más de 260 casos de extranjeros presuntamente beneficiados de manera ilegal. Rivas señaló directamente a Katherine C., exresponsable nacional de Extranjería y posteriormente directora general de Migración, como la articuladora de la concesión irregular de documentos.
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«Durante esa gestión es la primera vez que ingresó Sebastián Marset. Marset, entre el año 2018 y el año 2019, ingresó y salió del país unas 20 veces al menos (…). Entraba, salía sin ningún problema con la documentación totalmente avalada por esta red de organización criminal. Violaron todos los procedimientos que tenían que seguir para la aprobación de las visas, para la aprobación de la documentación de permanencia de extranjería», denunció Rivas. Agregó que Marset tenía un carnet de identidad con su propio nombre y otros documentales legales que lo “hacían ver como un ciudadano legal”.
Indicó que había una organización criminal con tentáculos en Migración, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y la Fiscalía, porque “Migración otorgaba documentación de permanencia, el Segip daba los carnets y la Fiscalía no tomaba las denuncias”. Al respecto, esas entidades aún no se pronunciaron.
“Remitimos una denuncia penal al Ministerio Público, que en ese momento estaba Juan Lanchipa, y la denuncia estaba en contra de Carlos Romero, en contra de Katherine Calderón, que era su responsable nacional de extranjería en migración, el cargo más importante para evaluar las permanencias, los ingresos de los extranjeros, y obviamente de otorgar la documentación necesaria para que el Segip. Entonces era contra una serie de funcionarios que habían evadido los procedimientos, saltándose pasos del procedimiento para evadir los controles informáticos, manejaban básicamente a nivel de carpetas únicamente todo. Pero la denuncia nunca prosperó, se paralizó en la Fiscalía. Ellos no investigaron, lo archivaron”, indicó.
