El ministro señaló que la iniciativa requiere coordinación entre los órganos del Estado y respeto a las competencias constitucionales de cada uno.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo. Foto: Archivo
El Gobierno gestiona asistencia técnica y financiera internacional para impulsar una reforma estructural de la justicia boliviana, con el objetivo de fortalecer la independencia judicial, recuperar la confianza institucional y ofrecer mayores garantías para la inversión.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, anunció que el Ejecutivo trabaja en un acuerdo nacional para avanzar en esos cambios.
En entrevista con radio Panamericana, Aramayo explicó que las gestiones internacionales buscan respaldar una transformación que, según anunció anteriormente el presidente Paz, comenzará a partir de enero.
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El ministro señaló que la iniciativa requiere coordinación entre los órganos del Estado y respeto a las competencias constitucionales de cada uno.
“Lo que no queremos es hacer anuncios sino mostrar resultados”, afirmó al referirse a las conversaciones con organismos internacionales y a la preparación de un equipo de especialistas.
El ministro informó que el Gobierno ya concretó un primer apoyo financiero y trabaja en la conformación de un grupo integrado por juristas internacionales de reconocido prestigio.
La propuesta será puesta a consideración de los otros órganos del poder público, con los que, según dijo, ya comenzaron las conversaciones.
Aramayo abordó el tema al explicar los resultados de su reciente viaje a Panamá. Indicó que su agenda incluyó reuniones sobre los desafíos del desarrollo regional, el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y la garantía de los derechos ciudadanos.
En ese marco, sostuvo que la reforma judicial constituye una prioridad para recuperar la confianza en las instituciones bolivianas.
También cuestionó la instrumentalización política de la justicia durante las últimas décadas y afirmó que el país necesita instituciones capaces de investigar con independencia y transparencia.
El ministro remarcó que el Ejecutivo no pretende intervenir en las atribuciones de los demás órganos estatales. “Nunca más eso de que un órgano interfiera en la actuación de otro órgano de poder público”, manifestó al explicar que el proceso debe construirse mediante acuerdos institucionales.
Aramayo vinculó la reforma con la recuperación económica. Argumentó que un sistema judicial independiente puede ofrecer seguridad jurídica a los empresarios bolivianos y generar mejores condiciones para atraer inversión extranjera directa.
Asimismo, relacionó la transformación institucional con la necesidad de mejorar la posición del país frente a organismos internacionales y superar dificultades que, según indicó, desincentivan la llegada de capitales.
El Gobierno busca que la reforma no se limite a cambios administrativos, sino que contribuya a garantizar derechos, fortalecer el Estado de derecho y mejorar las condiciones para producir, generar empleo y atraer inversiones.
Aunque el ministro confirmó avances en la búsqueda de cooperación y en la conformación del equipo especializado, no detalló el monto del primer apoyo financiero, los organismos que lo comprometieron ni el cronograma específico de las modificaciones.
Tampoco precisó el contenido definitivo del acuerdo nacional que el Ejecutivo pretende impulsar.
