Denuncia sobre la minería ilegal en parques nacionales y áreas protegidas del país. Marcos Uzquiano, presidente de los guardaparques de Bolivia, denunció la expansión de la minería ilegal en parques nacionales como Madidi y Cotapata, alertando sobre impactos ambientales y sociales graves. Piden una acción estatal urgente ante la inacción frente a estas actividades ilícitas.
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El presidente de los guardaparques de Bolivia, Marcos Uzquiano, denunció la creciente expansión de la minería ilegal dentro de parques nacionales y áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi, Cotapata, Apolobamba y regiones del norte paceño, así como en departamentos del sur del país como Potosí, Beni y Pando.
Uzquiano explicó que esta situación se prolonga desde hace por lo menos tres años y se presenta con una preocupante impunidad que afecta tanto al medio ambiente como a la salud de comunidades vulnerables que habitan en la región amazónica boliviana.
Al detallar los puntos críticos, mencionó que en el Parque Nacional Madidi existen al menos una docena de focos de minería ilegal, con tres sectores explotados por empresas chinas: Sillacunca, Charo Playa y la confluencia de los ríos Amantala y Pelechuco. En estas zonas hay maquinaria pesada que ha alterado ríos y desmantelado la serranía, todo dentro de la franja fronteriza de cincuenta kilómetros con Perú.
Uzquiano denunció además que los guardaparques han sido rebasados por estos grupos ilegales, que incluso bloquean caminos y amenazan con armas de fuego y agresiones a quienes intentan fiscalizar. Pidió una intervención urgente con apoyo de la fuerza pública, incluyendo operativos aéreos con helicópteros y presencia militar.
Explicó que, pese a que desde el 2021 se han abierto alrededor de cincuenta procesos administrativos contra minería ilegal, las sanciones se limitan a multas que los infractores pagan para continuar operando impunemente, desplazándose a nuevos sitios una vez agotados.
El dirigente resaltó el valor constitucional y legal de las áreas protegidas, definidas para conservar la biodiversidad y proveer beneficios ambientales y sociales colectivos a toda la sociedad boliviana. Subrayó que la inacción estatal compromete estos patrimonios naturales y pidió una respuesta decidida para frenar el avasallamiento.
Marcos Uzquiano también contó que ha enfrentado agresiones legales que fueron absueltas, pero alertó que esta situación podría extenderse a defensores ambientales y comunidades afectadas, por lo que hizo un llamado a las autoridades para proteger a quienes defienden estos espacios naturales.
