La propuesta busca fortalecer el control democrático y la rendición de cuentas mediante nuevos mecanismos de fiscalización, seguimiento a la gestión pública y sanciones por incumplimiento, además de incorporar herramientas de participación ciudadana.
Fuente: Prensa Juan del Granado
El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, presentó este martes el proyecto de Ley de Fiscalización Parlamentaria, que busca establecer mecanismos, procedimientos y sanciones para fortalecer el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El proyecto que cuenta con el apoyo de los diputados Ruddy Pantaleón, Horacio Calisaya, Sergio Vásquez, Yazmín Guizada y Lily Zurita, tiene como objetivo establecer un marco jurídico integral que permita mejorar la atención de los requerimientos de información, realizar el seguimiento de los resultados de la fiscalización y determinar responsabilidades ante el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades, instituciones y entidades sujetas a control parlamentario.
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Del Granado explicó que la iniciativa busca superar las limitaciones existentes en el ejercicio de esta atribución constitucional, incorporando instrumentos que permitan no solo solicitar información, sino también verificar hechos, evaluar la gestión pública y hacer seguimiento a los resultados de las actuaciones fiscalizadoras.
“Con esta propuesta se busca consolidar una fiscalización permanente, objetiva, técnica, transparente y responsable, fortaleciendo la rendición de cuentas y el control democrático, sin afectar la separación de órganos ni las competencias constitucionalmente asignadas a otras instituciones del Estado”, explicó el legislador.
Entre los principales componentes de la propuesta se encuentra la incorporación de un sistema integral de instrumentos de fiscalización, que contempla investigaciones parlamentarias, inspecciones, auditorías legislativas, peticiones de informe escrito y oral, interpelaciones y mecanismos de rendición de cuentas. Estos instrumentos podrán aplicarse de manera independiente o concurrente, según la naturaleza y gravedad de los asuntos examinados.
Asimismo, el proyecto plantea fortalecer la participación ciudadana mediante denuncias, audiencias públicas, plataformas ciudadanas de fiscalización y observatorios sociales, con el propósito de facilitar el control social sobre la gestión pública, manteniendo en las instancias legislativas la decisión sobre el inicio y desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras.
La propuesta también contempla la creación de un Sistema de Fiscalización Parlamentaria Permanente, destinado al monitoreo continuo de la gestión pública mediante registros digitales, indicadores de cumplimiento, evaluaciones periódicas de políticas públicas e informes de carácter público.
El proyecto establece, además, garantías para las autoridades sujetas a fiscalización, como el derecho a conocer los hechos observados, presentar descargos y pruebas, y recibir pronunciamientos debidamente fundamentados. De esta manera, incorpora el debido proceso, la objetividad y la proporcionalidad como principios que deben orientar las actuaciones parlamentarias.
En ese marco, la iniciativa delimita el alcance de la fiscalización para evitar que esta sustituya las competencias constitucionales y legales de otros órganos e instituciones del Estado, preservando la separación de órganos, la independencia funcional y las atribuciones jurisdiccionales, electorales y constitucionales que corresponden a las instancias competentes.
El presidente de la Comisión de Constitución sostuvo que la fiscalización parlamentaria constituye una herramienta fundamental para el control democrático del poder público y la exigencia de rendición de cuentas, por lo que considera necesario contar con procedimientos claros y mecanismos efectivos para su aplicación.