EL DEBER accedió al documento judicial que oficializa la causa. Transparencia denuncia que la UIF dejó sin respuesta 65 requerimientos, algunos vinculados con personas de poder político y económico.
Fuente: El Deber
La Fiscalía de La Paz abrió una investigación penal contra Ana Teresa Morales Olivera, exministra de Desarrollo Productivo y ex directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional. La causa se activó a denuncia del Viceministerio de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, según un documento oficial al que accedió EL DEBER.
El informe de inicio de investigación fue remitido el 27 de octubre a un juez de instrucción anticorrupción de La Paz por la fiscal Lizeth Genara Carvajal Limachi. El registro tiene el código único 201102012607427 e identifica a Morales como denunciada por hechos tipificados en los artículos 154, 228 ter y 302 del Código Penal.
La apertura del proceso tuvo lugar luego de los cuestionamientos del Gobierno respecto a la actuación de la UIF en años anteriores. El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que esa institución dejó sin respuesta 65 requerimientos enviados por su despacho y sostuvo que, en algunos expedientes, aparecen personas con poder político y económico.
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«La UIF ha omitido responder estos requerimientos en 65 ocasiones», manifestó García. Según la autoridad, esa situación llevó a cuestionar un posible trato selectivo de las solicitudes y motivó denuncias contra exautoridades de la entidad, entre las que mencionó a Morales, quien asumió la dirección de la UIF en marzo de 2018 y permaneció hasta 2019, durante el último gobierno de Evo Morales.
García sostuvo, además, que existían denuncias sobre un presunto uso de la UIF para fines económicos o políticos.
Antecedente
La UIF es el organismo estatal encargado de analizar información financiera para detectar indicios de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Recibe reportes de operaciones sospechosas y elabora informes destinados a las autoridades competentes. Por sus funciones, trabaja con datos sujetos a reserva.
Los delitos consignados en el documento abarcan conductas distintas: supuestas omisiones de obligaciones funcionales, utilización irregular de información obtenida por razón del cargo y eventual divulgación no autorizada de secretos. Sin embargo, el informe judicial no precisa qué hechos concretos atribuye a Morales por cada delito.
Morales ya había enfrentado otra investigación en agosto de 2019, cuando dirigía la UIF. La Fiscalía admitió una denuncia por la difusión de documentos sobre depósitos bancarios entre 2002 y 2003 de una empresa privada.
En aquella oportunidad, el caso incluyó presuntos delitos de incumplimiento de deberes y revelación de secretos. Morales acudió a declarar y negó haber vulnerado el secreto bancario; sostuvo que las actuaciones de la UIF estaban amparadas por la normativa.
