Las desvinculaciones alcanzan a funcionarios que formaron parte de la gestión del ex fiscal general del Estado Róger Mariaca, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Cantumarca.
Entre los funcionarios desvinculados están Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental del Beni, y Julio César Porras Velarde, quien se desempeñaba como fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Ambos figuran en la nómina estadounidense.
El fiscal general José Armando Urioste señaló que se recopilan antecedentes para establecer si corresponde abrir investigaciones penales contra estos dos exfiscales, aunque aclaró que aparecer en esa lista no implica automáticamente responsabilidad criminal. “Quedan fuera ambos funcionarios públicos”, afirmó Urioste, quien explicó que las resoluciones de desvinculación estaban llegando en físico y que todavía no se había notificado formalmente a los dos funcionarios.
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El fiscal general señaló que el Ministerio Público está recopilando antecedentes y elementos investigativos para determinar si corresponde abrir procesos penales. Aclaró, sin embargo, que figurar en la lista estadounidense no implica automáticamente que una persona deba ser investigada, juzgada o sentenciada. “Si aparece algún elemento que amerite una investigación penal, sí; si no, de ninguna manera”, sostuvo Urioste, al pedir que no se satanice a todas las personas incluidas en la nómina.
Santa Cruz también apartó a funcionarios
El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, confirmó que los memorandos de agradecimiento de los funcionarios desvinculados fueron emitidos el 20 de octubre y negó que la medida se hubiera tomado recién después de la difusión de la lista estadounidense.
López explicó que la decisión responde a antecedentes y denuncias que ya existían contra funcionarios del Ministerio Público, incluidas observaciones realizadas por la ciudadanía y difundidas por medios de comunicación.
El fiscal departamental indicó que en Santa Cruz habría alrededor de una docena de funcionarios en esta situación, aunque señaló que la lista completa se conocería posteriormente.
Respecto a las personas mencionadas por Estados Unidos, López sostuvo que la restricción de visas es una decisión soberana de ese país, pero remarcó que para iniciar una investigación penal se requieren elementos de convicción suficientes. “No podemos dar inicio a una investigación simplemente porque el vecino dice que usted cometió un hecho delictivo sin tener los elementos de prueba suficientes”, manifestó.
Urioste admite daño a la imagen del país
Consultado sobre el impacto de estas revelaciones en la imagen internacional de Bolivia, Urioste reconoció que el país está quedando mal en medio de los casos de presunta corrupción que salen a la luz. No obstante, consideró que conocer estos hechos también puede representar una oportunidad para corregir problemas dentro de las instituciones.
La nueva lista estadounidense incluye a autoridades y exautoridades bolivianas de distintas áreas. Las restricciones migratorias anunciadas por Washington no constituyen, por sí mismas, una sentencia penal ni prueban la comisión de delitos por parte de las personas señaladas.
Las desvinculaciones alcanzan a funcionarios que formaron parte de la gestión del exfiscal general del Estado Róger Mariaca, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Cantumarca. La decisión de apartar a 60 trabajadores del Ministerio Público se produce en medio de los cuestionamientos a anteriores actuaciones de la institución y de la difusión de una nueva lista de 15 bolivianos a los que Estados Unidos impuso restricciones de visa.
