El presidente Rodrigo Paz en Estados Unidos. Foto: RRSS Rodrigo Paz
La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, manifestó su “profunda preocupación” por los decretos supremos 5673 y 5675.
Advirtió que ambas disposiciones podrían limitar derechos fundamentales e incrementar el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia.
En una comunicación enviada al Gobierno boliviano, la experta alertó que ambas normas podrían consolidar “un marco legal que impondría a la libertad de asociación restricciones incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”.
El Decreto Supremo 5673 crea el Registro Único Nacional (RUN), de inscripción obligatoria para las organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones nacionales y extranjeras que operan en el país.
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Romero cuestionó los requisitos administrativos, las atribuciones de supervisión estatal y la ausencia de parámetros precisos para aplicar medidas correctivas o suspender registros.
La relatora, de nacionalidad colombiana, advirtió que esas disposiciones podrían causar “inseguridad jurídica” y abrir la posibilidad de actuaciones discrecionales contra organizaciones críticas, defensoras de derechos humanos o dedicadas a combatir la corrupción.
Respecto al Decreto Supremo 5675, que redistribuye las competencias gubernamentales sobre personalidad jurídica y cooperación internacional, Romero señaló que la falta de procedimientos definidos para suspender o revocar registros podría comprometer la autonomía de las asociaciones.
“Exigir la alineación de las asociaciones a planes oficiales podría afectar gravemente su autonomía”, sostuvo la experta.
Asimismo, expresó sus reparos ante la posibilidad de supeditar la cooperación internacional a las prioridades estratégicas establecidas por el Estado.
Romero recordó que cualquier restricción a la libertad de asociación debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Además, observó que esos decretos no establecen un régimen de transición que impida la duplicación de trámites y los retrasos administrativos.
Ante este escenario, la relatora solicitó al Gobierno información sobre la compatibilidad de ambas disposiciones con las obligaciones internacionales asumidas por Bolivia.
También pidió conocer qué garantías existen para evitar daños permanentes a las organizaciones de la sociedad civil y qué mecanismos pueden utilizarse para impugnar medidas que vulneren sus derechos.
