La Jefa de Unidad de Asuntos Internacionales, María Luisa Herrera, informó que el Ministerio Público del Estado Plurinacional de Bolivia participó en el “3º Curso Internacional para la formación sobre la Investigación Forense de las Causas de los Incendios Forestales”, realizado en Sabaudia, Italia.
Fuente: FGE
La institución estuvo representada por el Fiscal de Materia de Cochabamba, Diego Cayo Barrientos Zurita, designado por el Fiscal General del Estado, en el marco de las acciones de cooperación jurídica internacional y fortalecimiento de capacidades institucionales.
“El objetivo de nuestra participación fue fortalecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas con autoridades judiciales y fiscales de la región, así como generar nuevas oportunidades de coordinación para enfrentar de manera conjunta las causas de los incendios forestales, mejorando la eficiencia de las investigaciones”, afirmó Herrera.
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El encuentro reunió a representantes del Programa Amazonia+, de la Red Amazónica de Manejo Integral del Fuego (RAMIF), de los países miembros de la OTCA, de los Carabinieri Forestali, de la Unión Europea, de la FIIAPP y de autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial de la comunidad iberoamericana.
En este encuentro se abordaron los nuevos mecanismos para responder con mayor rapidez a los incendios en áreas rurales, el uso de nuevas tecnologías para su identificación y extinción, los incendios forestales en el proceso penal acusatorio, la contaminación ambiental y la dimensión económica de este delito, incluyendo los incendios provocados intencionalmente con fines propios.
Como resultado, las autoridades participantes plantearon establecer una mesa técnica para la interoperabilidad de sistemas y rutas de tramitación, definir contenidos y modalidades de capacitaciones conjuntas, y evaluar soluciones para reducir los tiempos y costos de las solicitudes de cooperación jurídica internacional.
Asimismo, se expresó el firme compromiso en la lucha contra los incendios forestales que requiere una respuesta coordinada, especializada y multidisciplinaria, centrada en la protección del medio ambiente y la población, y que se debe fortalecer la persecución penal contra quienes se encuentran detrás de estas actividades ilícitas y obtienen beneficios propios.