El ministro de Economía sostuvo que el proyecto de ley se elaboró sobre la base de temas vigente; no obstante, aclaró que “en la siguiente gestión se pueden hacer las adecuaciones correspondientes”
[Foto: W. Santos] / Los gobernadores vienen pidiendo que el 50-50 se incorpore en el PGE y que la coparticipación tributaria comience a aplicarse desde 2027
El modelo de redistribución de recursos 50-50 no fue incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 presentado este viernes y el ministro de Economía, Christian Morales, dio los motivos en conferencia de prensa.
Según la autoridad, el proyecto de ley presentado por el Gobierno mantiene los criterios y la estructura normativa actuales, debido a que la propuesta de coparticipación tributaria continúa en una fase de construcción y definición entre el Ejecutivo e instancias subnacionales.
“Al ser una ley de presupuesto, se estructura con los conceptos actuales con los que nos regimos. Sin embargo, ustedes saben que estamos en la fase de construcción y de co-construcción del 50-50”, expresó el ministro en conferencia de prensa.
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No obstante, el ministro dejó abierta la posibilidad de introducir cambios durante la próxima gestión, en función de los acuerdos que se alcancen sobre el nuevo modelo de distribución.
“Si llegamos a algún tema de modificaciones respecto a cómo nos vamos a mover, obviamente, en la siguiente gestión se pueden hacer las adecuaciones correspondientes bajo la estructura normativa y técnica que tenemos en el ámbito presupuestario”, precisó.
Ley de coparticipación tributaria en agenda
La explicación se conoce después de que el Gobierno y los gobernadores acordaran, el pasado 12 de octubre, en Pando, impulsar de manera conjunta una ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales.
El compromiso forma parte de la agenda 50-50, que busca modificar la distribución de los ingresos estatales y fortalecer las finanzas de los gobiernos departamentales.
En ese encuentro, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó que el Ejecutivo presentaría una propuesta base hasta este 30 de octubre, para su análisis conjunto con las gobernaciones, con miras a remitir el anteproyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 6 de noviembre.
La construcción de esta normativa es uno de los componentes de la agenda 50-50, pero no el único, ya que la hoja de ruta acordada en Pando también contempla abordar otros mecanismos.
