Afirman que la realidad de la ALP es completamente diferente a la de legislaturas pasadas, cuando personajes altamente cuestionados o vinculados con sectores y actividades ilegales eran mayoría y operaban de forma coordinada para velar exclusivamente sus intereses. Señalan que no es correcto generalizar ni estigmatizar el trabajo que se hace desde el Parlamento, menos cuando las investigaciones contra dos de sus miembros, tanto en el país como en el exterior, aún no han dado resultados concretos.
Fuente: El Diario
Ante una ola de críticas y cuestionamientos por la inclusión de dos legisladores en la lista con la que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la restricción de visas a funcionarios y exautoridades por supuestos actos de corrupción y relacionamiento con el narcotráfico, el diputado oficialista Ricardo Rada negó dicha posibilidad, señalando que la actual realidad en el Parlamento es muy distinta a lo que se veía en gobiernos pasados.
“Si el narcotráfico hubiera ingresado al Órgano Legislativo, tuviéramos muchos más nombres de parlamentarios en esa nómina, son solo dos y son una excepción a la regla”, señaló el legislador cruceño.
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Según Rada, la realidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es completamente diferente a la de legislaturas pasadas, cuando personajes altamente cuestionados o vinculados con sectores y actividades ilegales eran mayoría y operaban de forma coordinada para velar exclusivamente sus intereses.
“En este momento, la regla en el Parlamento es que se tiene muy buenos legisladores queriendo hacer las cosas bien para beneficio del país, la realidad se volcó de lo que había antes cuando la regla era hacer las cosas mal y la excepción eran los buenos”, sostuvo.
Sobre el caso de los dos diputados apuntados por supuesta corrupción por el gobierno norteamericano, sin pruebas contundentes que sustenten dichas acusaciones, Rada explicó que no es correcto generalizar ni estigmatizar el trabajo que se hace desde el Parlamento, menos cuando las investigaciones en el país y en el exterior aún no han dado resultados concretos.
“Si el narcotráfico o el narcoterrorismo controlaran las cámaras legislativas, se hubieran tenido diez o más legisladores señalados y eso no ha ocurrido. Debe llevarse a cabo una investigación totalmente transparente y, en base a esa investigación, asumir las acciones que correspondan”, aseguró.
Finalmente, lamentó que sean investigaciones de otros países las que destapen casos de corrupción en territorio nacional, cuando esa debería ser tarea de las instituciones encargadas de administrar justicia en el país.
Esta semana, tras oficializarse la restricción de visas para dos diputados incluidos en una nueva nómina de personas acusadas de supuesta corrupción por parte del gobierno de Estados Unidos, el diputado Manolo Rojas aseguró que los señalamientos deben transparentarse lo antes posible; sin embargo, sostuvo que, al tratarse de tratarse de legisladores, se enloda todo el trabajo realizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Con estas denuncias se pone en entredicho la reputación de cada uno de los legisladores señalados, ellos tienen derecho a defenderse, sin embargo, al ser dos asambleístas, de una u otra manera, se enloda el trabajo que se está haciendo desde el Legislativo”, observó.
Para Rojas, la determinación del gobierno norteamericano no debe entenderse como una decisión tomada a la ligera, sino una medida administrativa que seguramente se sustenta en indicios que actualmente son investigados. Lo mismo debe pasar en el país en las instancias que corresponda.
“Vemos que no amerita que, por el hecho de ser incluidos en una lista, cedan sus curules o renuncien de forma anticipada”, explicó.
Anteriormente, en declaraciones a Erbol, exlegisladores como Enrique Urquidi habían denunciado que durante la elección del exfiscal Roger Mariaca en 2024, (actualmente procesado por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal), existieron pagos de dinero a cambio de votos y que esta práctica era recurrente durante la legislatura 2020-2025, en la que el Movimiento al Socialismo (MAS) mantenía presencia mayoritaria, aunque dividido entre distintas corrientes.
Si bien reconoció que no le constan directamente los pagos, según su relato, en los pasillos de la Asamblea circulaban comentarios sobre una campaña de Mariaca para conseguir respaldo legislativo, mediante operadores que, presuntamente, mantenían vínculos con el oficialismo.
El exdiputado relacionó esas sospechas con antecedentes de negociaciones parlamentarias, entre ellos la aprobación de la denominada Ley del Oro. A su juicio, ese episodio evidenciaba la existencia de ofrecimientos de dinero, cargos y espacios de poder para conseguir apoyos legislativos.
Fuente: El Diario
