Cuestionan que sectores radicales nuevamente amenacen a la ciudadanía con violencia y confrontación, como estrategia de chantaje al Gobierno central. Piden procesos y sanciones drásticas contra toda persona que amenace la estabilidad del Estado boliviano por motivaciones políticas. Recuerdan que existe respaldo de la ALP para intervenir en la región del Chapare y restituir la vigencia de la norma y la presencia del Estado en un territorio actualmente controlado por una dictadura sindical.
Fuente: El Diario
Ante anuncios de nuevas movilizaciones convocadas por el “evismo” y sus aliados políticos, para el mes de noviembre, el diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Óscar García Hoyos, pidió que autoridades de justicia y del Ministerio de Gobierno intervengan con firmeza para evitar posibles escenarios de convulsión social, además de procesar a todos los que llaman al conflicto con fines políticos.
El legislador representante del departamento de La Paz, se pronunció respecto a la convocatoria a movilizaciones a partir de las próximas semanas, cuestionando que sectores radicales nuevamente amenacen a la ciudadanía con violencia y confrontación, como estrategia de chantaje al Gobierno central.Asimismo, demandó que
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
autoridades de justicia actúen de forma inmediata y firme contra todos los promotores de medidas de presión, esto para evitar que la violencia perjudique las actividades productivas de la población y se afecte negativamente la economía nacional.
“Los que están amenazando con este tipo de temas deberían ser sometidos a investigaciones, como corresponde. Hay una denuncia y se tiene que seguir las reglas, que se hagan las investigaciones, y si corresponde, proceder con las respectivas aprehensiones. Es la justicia la que define todo eso”, aseguró.
Advirtiendo que es imperativo garantizar el Estado de Derecho y la libre circulación en todo el país, García pidió sanciones drásticas contra toda persona que amenace la estabilidad del Estado boliviano por motivaciones políticas, más si se toma en cuenta que rige un estado de excepción y el país busca recuperarse de pasadas medidas de presión que afectaron gravemente la economía de los bolivianos.
“No se puede amenazar, por lo que queda esperar que la justicia actúe con firmeza cuando se hacen este tipo de advertencias”, añadió.
Sobre los constantes llamados a la desestabilización del país que se emiten desde el Chapare, por parte de Evo Morales, su dirigencia política y sectores afines, el legislador paceño recordó que existe respaldo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se ejecute una intervención en la zona, esto para restituir la vigencia de la ley y la presencia del Estado en un territorio actualmente controlado por una dictadura sindical con serios señalamientos de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
“Necesitamos que en el trópico de Cochabamba retorne la presencia del Estado, esperamos que el próximo año, con una nueva gestión legislativa, se trabaje sobre este tema, tomando en cuenta que en distintas oportunidades parlamentarios de varias fuerzas políticas han expresado su respaldo a una posible intervención en esta zona”, dijo.
La semana pasada, denunciando una supuesta persecución política contra dirigentes de organizaciones sociales, el dirigente cocalero Evo Morales afirmó que los sectores sociales que se movilizarán a partir del mes de noviembre contra las medidas económicas del Gobierno, no podrán ser detenidas por la vigencia del estado de excepción ni por posibles acciones judiciales.
“Cuando un dirigente no se rinde, proceso. Cuando un dirigente es prebendal, liberan. Eso está afectando a la lucha y la rebelión del pueblo contra todo el modelo económico que hace mucho daño al pueblo boliviano”, expresó.
Según el líder cocalero, las dificultades que enfrentan algunos representantes sociales no frenarán la movilización de las organizaciones, por lo que existe confianza en que las bases asumirán la defensa de sus demandas, incluso sin el respaldo directo de sus dirigentes.
El jueves, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció públicamente que las marchas y movilizaciones convocadas por sectores “evistas” para el mes de noviembre, no son pacíficas y tienen un trasfondo político destinado a desestabilizar y provocar la caída del Gobierno.
Según la autoridad, la movilización nuevamente busca sembrar luto, dolor y violencia mediante enfrentamientos provocados entre ciudadanos.
También denunció que bloqueadores y marchistas no responden a reivindicaciones sociales legítimas, las cuales ya habrían sido atendidas por el Ejecutivo, sino que son impulsados económicamente y bajo coerción desde el trópico de Cochabamba.
“Queremos denunciar ante la opinión pública que estas movilizaciones no son pacíficas ni reivindican demandas de organizaciones ni de ciudadanos bolivianos. Son acciones destinadas a enfrentarnos entre bolivianos, causar muerte, dolor y luto. El Gobierno no va a permitir que se sigan organizando estas acciones criminales”, dijo Oviedo, alertando sobre nuevas acciones del narcoterrorismo para enfrentar a los bolivianos.
Fuente: El Diario
