Operativo de película en Santa Cruz destapa presuntas filtraciones judiciales que favorecían al PCC.
Un operativo internacional ejecutado en Santa Cruz de la Sierra para capturar a dos presuntos integrantes de alto rango del Primer Comando de la Capital (PCC) puso bajo la lupa posibles filtraciones de información reservada, restricciones judiciales que habrían dificultado los allanamientos y sospechas de protección institucional al crimen organizado en Bolivia.
Las revelaciones fueron realizadas por Fábio Pinheiro Lopes, jefe de la División de Operaciones Policiales Estratégicas (DOPE) de la Policía Civil de San Pablo, durante una entrevista con el programa periodístico True Crime, de SBT News, difundida el 10 de octubre. Según su relato, la cooperación entre policías brasileños, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y un agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió capturar en Santa Cruz a Roberto Prieto Filho, alias ‘Betinho da Baixada’, y a Márcio Barbosa da Silva, conocido como ‘Beiço de Mula’.
El jefe policial brasileño sostuvo que Betinho era el principal objetivo de la misión y que el encuentro con Beiço de Mula fue una coincidencia que los investigadores aprovecharon. También afirmó que el operativo fuera de territorio brasileño marcó una experiencia inédita de trabajo conjunto para los equipos involucrados.
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Uno de los episodios más delicados descritos por Lopes se refiere al presunto aviso anticipado sobre un allanamiento al departamento de Betinho, ubicado en el piso 13 de un edificio de Santa Cruz de la Sierra, y a otro inmueble relacionado con su seguridad, en el piso 14.
De acuerdo con el relato del jefe policial brasileño, la Felcn gestionó alrededor de las 10:00 las solicitudes para ejecutar las diligencias. Sin embargo, el sospechoso habría recibido una alerta cerca de las 11:00, antes de la intervención policial.
Lopes afirmó que Betinho reconoció posteriormente ante los investigadores brasileños que había sido advertido del procedimiento. Según esa versión, la información le permitió ordenar a sus colaboradores que limpiaran el departamento, retiraran armas y trasladaran vehículos a otro condominio.
La denuncia plantea interrogantes sobre el manejo de información reservada y la posibilidad de que personas vinculadas a las diligencias judiciales hubieran alertado al investigado. La identidad de quienes presuntamente proporcionaron el aviso y la existencia de una eventual filtración deben establecerse mediante una investigación documentada.
Restricciones judiciales complicaron la intervención
Lopes también cuestionó las condiciones impuestas para ejecutar los allanamientos. Según su testimonio, los efectivos tenían limitaciones para ingresar por la fuerza a determinados inmuebles, romper candados o intervenir vehículos, lo que habría reducido su margen de acción durante el operativo.
Ante esos obstáculos, los investigadores optaron por mantener la vigilancia y seguir los movimientos de los sospechosos hasta encontrar una oportunidad para interceptarlos. Alrededor de las 13:00, una camioneta salió del garaje del edificio y se dirigió a un restaurante. Dos hombres descendieron e ingresaron al local, mientras el vehículo continuó circulando por la zona.
Para verificar la identidad de uno de ellos, una agente de la Felcn se hizo pasar por clienta y tomó fotografías discretas. Las imágenes fueron enviadas a Lopes, quien identificó a Betinho, según su relato.
Los efectivos esperaron a que el sospechoso saliera del restaurante y lo interceptaron en la vía pública. La captura se concretó mediante labores de seguimiento e Inteligencia, pese a las dificultades descritas por el jefe policial brasileño.
Un vehículo bajo sospecha por armas de alto poder
Otro punto señalado por Lopes fue el caso de un Honda blanco que, según los investigadores, estaba relacionado con el entorno de seguridad de Betinho. Los policías sospechaban que el vehículo podía contener fusiles AK-47, pero no habrían podido abrirlo ni romper sus vidrios debido a las restricciones que, según el relato, regían para su intervención.
Las limitaciones estarían relacionadas, entre otros aspectos, con la titularidad del motorizado y los procedimientos exigidos para inspeccionarlo. El jefe policial cuestionó que, ante la sospecha de la presencia de armamento, los investigadores no pudieran verificar de inmediato el contenido del vehículo.
Para esclarecer este episodio será necesario conocer el texto íntegro de las órdenes judiciales, las condiciones que establecían, las solicitudes presentadas por los investigadores y las actuaciones que finalmente fueron autorizadas. También corresponde precisar dónde y en qué circunstancias se hallaron las armas mencionadas en el relato.
Sospechas sobre otros refugios del crimen organizado
Durante la entrevista, Lopes describió a Santa Cruz como una ciudad con sectores residenciales de alto nivel en los que, según su apreciación, se refugiaban integrantes de organizaciones criminales brasileñas.
El jefe policial sostuvo que los investigadores encontraron dificultades para acceder a determinados condominios y mencionó presuntas conexiones entre integrantes del PCC y personas del ámbito institucional boliviano. También hizo referencia a sospechas relacionadas con miembros del Comando Vermelho y otras organizaciones criminales.
Estas afirmaciones abren una línea de investigación sobre la eventual utilización de inmuebles, seguridad privada y vehículos de alta gama para facilitar el ocultamiento de personas buscadas por la Justicia. Sin embargo, las restricciones para ingresar a un inmueble no demuestran por sí solas la existencia de protección criminal: es necesario establecer si las decisiones estuvieron legalmente fundamentadas o si fueron utilizadas deliberadamente para favorecer a los investigados.
Posibles irregularidades en registros judiciales
Otro aspecto expuesto por Lopes se refiere a presuntas anomalías en los registros de órdenes de aprehensión. Según las declaraciones difundidas, al menos 20 presuntos integrantes de alto rango del PCC habrían sido favorecidos por la desaparición o modificación de datos en sistemas judiciales bolivianos, posiblemente mediante pagos ilegales.
El jefe policial indicó que los investigadores tuvieron que realizar verificaciones individuales para confirmar los mandamientos relacionados con Betinho y Beiço de Mula, debido a que no figuraban en una base brasileña de consulta de órdenes de prisión.
La ausencia de información en una base de datos no acredita por sí misma que haya existido una manipulación deliberada. Para determinar si se alteraron registros con el objetivo de beneficiar a prófugos, se requieren auditorías técnicas que permitan identificar accesos, modificaciones, fechas y responsables, además de establecer si hubo pagos o acuerdos ilegales.
Las denuncias y las referencias a Róger Mariaca
En la entrevista, Lopes también se refirió a presuntas redes de protección al narcotráfico y mencionó al ex fiscal general del Estado Róger Mariaca. Según su relato, durante su estadía en Santa Cruz recibió información de un periodista de investigación boliviano sobre personas que supuestamente tendrían vínculos con una estructura de protección al crimen organizado.
El jefe policial brasileño expresó además su percepción de que el PCC habría mantenido acuerdos con Sebastián Marset en Bolivia. Consideró que el narcotraficante uruguayo habría brindado protección a integrantes de esa organización y lo describió como una figura de máxima autoridad dentro de las redes del narcotráfico que operaban en el país.
Lopes también afirmó que Marset habría “entregado” a Mariaca, aunque el alcance de esa declaración y los elementos que la respaldan deben ser precisados. Las referencias a ambos nombres no constituyen, por sí solas, prueba de responsabilidad penal.
Las denuncias adquieren relevancia en un contexto marcado por investigaciones y procedimientos relacionados con dinero incautado y actuaciones de funcionarios vinculados al Ministerio Público. Entre los episodios reportados figura la interceptación de una ambulancia que transportaba Bs 3,5 millones y $us 10.000, cuando salía de una vivienda relacionada con Mariaca. También se informó sobre el hallazgo de Bs 260.000 y $us 2.800 en un domicilio vinculado al ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
Las circunstancias de esos procedimientos y la eventual relación con una red de protección al narcotráfico deben ser establecidas por las investigaciones correspondientes, sin dar por demostrados vínculos que todavía requieran respaldo documental y judicial.
La cooperación internacional, bajo la lupa
La operación contra Betinho y Beiço de Mula muestra la importancia de la cooperación internacional para localizar a presuntos integrantes de organizaciones criminales que cruzan fronteras. Pero las declaraciones de Lopes también plantean preguntas sobre la capacidad de las instituciones bolivianas para investigar a estas redes sin filtraciones ni interferencias
El esclarecimiento de los hechos requiere revisar las órdenes judiciales, determinar quiénes tuvieron acceso a la información del operativo, auditar los registros de aprehensión y establecer qué funcionarios intervinieron en las diligencias. También será fundamental conocer la respuesta de las autoridades judiciales y fiscales mencionadas en las denuncias.
Las declaraciones del jefe policial brasileño constituyen un testimonio relevante sobre las dificultades que, según su versión, enfrentó la misión internacional. No obstante, las posibles responsabilidades penales deberán sustentarse en pruebas verificables y respetando la presunción de inocencia de las personas aludidas.
El desafío para las autoridades bolivianas es determinar si existieron filtraciones, irregularidades o actos de corrupción que facilitaron las actividades de organizaciones criminales, y establecer responsabilidades individuales con independencia de los cargos que hayan ocupado los involucrados.
