La defensa de la ciudadana paraguaya enviada a prisión por el doble crimen de dos brasileños en la zona de Valle Sánchez, en el municipio de Warnes, prepara acciones para revertir la detención preventiva y conseguir su libertad irrestricta. El abogado Carlos Rondón aseguró que su defendida no tiene relación con el ataque armado y sostuvo que se encontraba en el domicilio por motivos laborales cuando se produjo el hecho.
“Ella se encontraba en la ducha cuando escuchó los disparos”, afirmó el jurista durante un contacto con el programa El Mañanero, al reconstruir la versión de la mujer sobre lo ocurrido la mañana del 20 de octubre, cuando Wendeles A. E. y Jefferson P. P. fueron acribillados en un inmueble de la urbanización El Valle de Akualand, en Valle Sánchez.
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De acuerdo con el relato de Rondón, una vez que cesaron las detonaciones, la paraguaya bajó con temor y encontró la escena del crimen. El abogado sostiene que, después de escuchar los disparos, su defendida no huyó del lugar, sino que buscó orientación legal y esperó la llegada de los efectivos policiales.
“Desde el primer día del proceso nosotros hemos verificado todos los actos investigativos que cursan dentro de la situación jurídica que ella está siendo sindicada”, señaló Rondón, al referirse a las actuaciones realizadas durante la investigación.
El jurista explicó que la hipótesis del Ministerio Público apunta a que la mujer supuestamente habría alertado a los sicarios sobre la presencia de las víctimas en la planta baja del inmueble, lo que habría facilitado el ataque. Sin embargo, rechazó esa versión y afirmó que los actos de su defendida deben ser valorados en el marco de la investigación.
“Se ha demostrado claramente que lejos de todo aquello, ella se contactó con un colega abogado para decirle qué debía hacer, permaneció en el momento de los hechos, esperó a la Policía por más de dos horas, llegó la Policía, ella se prestó como testigo, indicó todo lo que sabía, la forma en la que los conoció (a los acribillados), y al mismo tiempo facilitó su equipo celular cuando fue requerido”, manifestó.
Rondón cuestionó que, pese a esa presunta colaboración, la mujer haya sido aprehendida y posteriormente enviada a prisión preventiva. “Más allá de ello, no se entendió por qué, pese a la colaboración que ella estaba realizando, pese a que ella esperó a los policías, ha sido aprehendida y al mismo tiempo ya ahora cautelada y privada de su libertad”, agregó.
¿Por qué estaba en el inmueble?
Consultado sobre qué hacía su defendida en el domicilio si no tenía parentesco con los fallecidos, el abogado explicó que la presencia de la mujer respondía a su actividad laboral independiente.
“Ella no tenía ninguna relación sentimental, no tenía ningún parentesco, sin embargo, como ya es de conocimiento de todos, ella se encontraba por cuestiones laborales dentro de la actividad que ella realiza de manera independiente. Ella es dama de compañía”, respondió Rondón.
Según el jurista, Jefferson, uno de los brasileños asesinados, había convocado a la mujer días antes y pagado su pasaje de avión, debido a que ella se encontraba en La Paz. Añadió que la paraguaya pernoctó en el inmueble la noche del 20 de octubre y tenía previsto retirarse al día siguiente.
“Días antes fue convocada por parte de Jefferson, uno de los brasileños que fue acribillado, él le pagó el pasaje en avión porque ella se encontraba en La Paz, pernoctó en la noche (del 20 de octubre) en el domicilio, y tenía que retirarse al día siguiente, cosa que a las 9:30, cuando sucedieron los hechos, ella se encontraba en la ducha cuando escuchó los disparos, una vez que estos cesaron, ella con mucho temor bajó y encontró ese hecho tan fatídico”, relató el abogado.
Para la defensa, la permanencia de la mujer en el inmueble y la entrega de su teléfono celular son aspectos que deben ser considerados al evaluar su situación jurídica. Rondón insistió en que su defendida estuvo dispuesta a colaborar con las autoridades y negó que hubiera intentado ocultar información.
“Es importante destacar que aquí cae la teoría del Ministerio Público, por cuanto ella también podía haberse escapado, ocultado sus dispositivos móviles; sin embargo, esperó a la Policía y facilitó con todo el conocimiento que ella tenía”, aseguró.
Defensa apelará para conseguir su libertad irrestricta
El abogado confirmó que la defensa presentó un recurso de apelación para que una autoridad judicial de segunda instancia revise la determinación que dispuso la detención preventiva de la paraguaya.
“Lo que ha hecho la defensa es presentar de manera inmediata el recurso de apelación, mismo que se está tramitando para que un juez de segunda instancia pueda determinar lo que corresponde en derecho y, en este sentido, es la libertad irrestricta de mi cliente”, declaró Rondón.
El jurista fue enfático al negar la participación de su defendida en el doble crimen. “Ella no tiene nada que ver en el hecho, no hay un solo elemento que la vincule”, sostuvo.
De acuerdo con el abogado, uno de los aspectos que la defensa busca esclarecer es la supuesta llamada telefónica que, según indicó, forma parte de los elementos considerados en la investigación. Aseguró que la mujer entregó su dispositivo y que incluso manifestó su disposición a acudir con la Policía a la empresa telefónica a la que está suscrita para solicitar los registros de llamadas.
“Mi cliente quiso ir con la Policía a la empresa telefónica que ella se suscribe en cuanto a su línea telefónica para pedir el registro de llamada, ella tiene toda la predisposición de realizar la comprobación que no tiene nada que ver con este hecho”, afirmó.
Rondón añadió que solicitará la declaración de testigos y gestionará el desdoblamiento y análisis de la información telefónica mediante las pericias correspondientes ante el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). El objetivo, según explicó, es aportar elementos que permitan contrastar la versión de la mujer y solicitar que se revise su situación antes de que transcurran los 90 días de detención preventiva.
El Ministerio Público había solicitado 180 días de detención preventiva, pero la autoridad judicial determinó 90 días. Durante ese periodo, la investigación deberá continuar para establecer las circunstancias del ataque y determinar las posibles responsabilidades.
Abogado denuncia presuntos maltratos
Durante la entrevista, Rondón también se refirió a las presuntas agresiones que, según el relato de su defendida, habría sufrido durante la primera intervención policial. Aclaró que cuando asumió la defensa pudo acceder a ella durante la madrugada del miércoles y diferenció esa situación de la atención recibida posteriormente por parte de los efectivos policiales de Satélite Norte.
El abogado afirmó que su clienta le manifestó que algunos policías le habrían exigido su dispositivo móvil y la contraseña, manipulado el equipo y cambiado la clave, lo que posteriormente le habría impedido desbloquearlo. Según su versión, la mujer facilitó también la contraseña de su cuenta de iCloud para permitir el acceso a la información.
Sin embargo, Rondón sostuvo que los presuntos maltratos no se habrían limitado al teléfono celular.
“Lo que me comentó es que le pusieron una bolsa en la cabeza y al mismo tiempo procedieron a realizarle actos de maltrato para buscar una confesión que obviamente ella no realizó”, manifestó.
El jurista agregó que la mujer mostró marcas en su cuerpo durante la audiencia y que el Ministerio Público solicitó un requerimiento ante el IDIF para realizar la valoración correspondiente. Indicó que la defensa está evaluando las acciones que podría iniciar por estos hechos.
Las presuntas agresiones denunciadas por la defensa deberán ser esclarecidas por las instancias competentes y no constituyen, por sí solas, hechos establecidos judicialmente.
La Policía busca a los autores materiales
El doble crimen se registró el 20 de octubre en un inmueble de la urbanización El Valle de Akualand, en la zona de Valle Sánchez, municipio de Warnes, departamento de Santa Cruz. Las víctimas fueron identificadas como Wendeles A. E. y Jefferson P. P., ambos brasileños, quienes murieron tras recibir impactos de arma de fuego.
Mientras la paraguaya permanece en el Centro de Readaptación Productiva (Ceprom), en cumplimiento de la detención preventiva dispuesta por la autoridad judicial, la Policía y el Ministerio Público continúan las investigaciones para esclarecer el hecho e identificar a los dos sujetos armados señalados como autores materiales del ataque.
La defensa, por su parte, insiste en que su clienta no participó en el doble asesinato y espera que la apelación, las declaraciones testificales y las pericias telefónicas permitan revisar la medida cautelar.
“Vamos a nosotros diligenciar el desdoblamiento telefónico ante las pericias del IDIF para acortar esos 90 días y que ella obtenga su libertad conforme a lo que corresponde a procedimiento, norma, la ley y la justicia”, concluyó Rondón.
