Referencial. Una mamá recibe el beneficio. Foto: GobCom
El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley 1778, que aprueba un préstamo de $us 200 millones del Banco Mundial para financiar el Bono PEPE, el Bono Juana Azurduy y otros programas de asistencia destinados a familias y personas en situación de vulnerabilidad económica.
La norma autoriza el Convenio de Préstamo 9927BO, suscrito entre el Estado boliviano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo que forma parte del Grupo Banco Mundial. Los recursos buscan apoyar a la población vulnerable frente a los efectos de los ajustes y las reformas económicas.
El financiamiento contempla transferencias para los beneficiarios del Bono PEPE I y del Bono Juana Azurduy. También incluye a personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia, personas registradas con discapacidad grave o muy grave y adultos mayores que perciben la Renta Dignidad en la categoría de no rentistas.
Asimismo, el proyecto prevé un beneficio para padres, madres o tutores legales de estudiantes inscritos en unidades educativas fiscales y de convenio. En este caso, el pago se efectuará bajo la modalidad de un beneficio por grupo familiar.
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El convenio establece un plazo de 23 años para el reembolso del crédito, incluidos 14 años de gracia. Además, fija un periodo de cuatro años para el desembolso de los recursos.
Control sobre el uso de los recursos
La Ley 1778 dispone que el Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, presente informes semestrales a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre el uso, destino y ejecución del financiamiento.
La información deberá entregarse de manera oral y escrita, acompañada de la documentación de respaldo correspondiente, con el propósito de que el Legislativo conozca el manejo de los recursos del convenio.
Durante el tratamiento de la norma en la Asamblea, el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, informó que $us 192 millones se destinarán a transferencias económicas vinculadas al Bono PEPE y otros programas sociales. Los $us 8 millones restantes cubrirán acciones para fortalecer el sistema de protección social y financiar la gestión del proyecto.
Navarro señaló que el Bono PEPE habilitó a más de 2,3 millones de personas y alcanzó al 95% de los beneficiarios autorizados para recibir el apoyo.
Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre enero y el 5 de octubre de 2026 se registraron 2.210.628 pagos, por un monto acumulado de Bs 1.668,5 millones.
Registro integrado de beneficiarios
El proyecto también contempla la creación de un registro integrado de beneficiarios, que reunirá información actualizada e interconectada para identificar a los hogares en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con Navarro, esta herramienta permitirá mejorar la identificación de las personas que requieren asistencia estatal y facilitar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ante situaciones económicas adversas.
Con la promulgación de la ley, el financiamiento cuenta con la aprobación normativa necesaria para respaldar los componentes previstos en el convenio, bajo el mecanismo de seguimiento e información establecido para la Asamblea Legislativa.
