Por lo leído en algún comentario a mi artículo anterior, La rebelión de los hijos, las movilizaciones estudiantiles que se extendieron por París, Marsella y otras ciudades europeas han reabierto un debate antiguo que se mueve a dos bandas. Por una parte, que los jóvenes son protagonistas de una rebelión legítima y, por la otra, que son simples instrumentos de una operación política.

Decir que existe una intencionalidad política detrás del movimiento es casi una obviedad. El materialismo histórico ya demostró que toda actividad humana se sostiene en intereses políticos y económicos. Pero esa explicación resulta insuficiente. La protesta también tiene una dimensión cultural, en la cual los jóvenes reclaman ser vistos como actores con voz propia en un mundo que les ofrece pocas oportunidades. Puede que algunos partidos intentan capitalizar el descontento, pero muchos estudiantes persiguen el objetivo más profundo de construir futuro.

La mejor forma de descalificar una protesta es atribuirla a una supuesta manipulación. Así, los manifestantes dejan de ser ciudadanos con demandas legítimas y pasan a ser presentados como marionetas de una estrategia electoral. Lo decisivo ya no es lo que reclaman ni las respuestas que reciben, sino descubrir quién mueve los hilos. La sospecha reemplaza al análisis. Sin embargo, reducir la protesta a una conspiración es tan problemático como romantizarla. En ambos casos se evita examinar la complejidad de los hechos.

Para Hannah Arendt el poder surge de la capacidad de actuar concertadamente. No es una propiedad fija, sino una fuerza que aparece cuando las personas se reúnen y emprenden acciones comunes. Una manifestación puede ser expresión de poder colectivo, pero no lo será automáticamente por el simple hecho de reunir multitudes. La legitimidad de una causa depende de sus objetivos, sus métodos y la relación que establece con la sociedad. La democracia exige examinar las protestas, no aceptarlas sin discusión.

Los enfrentamientos con la policía, las agresiones y la destrucción de bienes no deberían presentarse automáticamente como manifestaciones de rebeldía emancipadora. La violencia no adquiere justificación moral por estar asociada a una reivindicación social. Quienes participan en actos violentos deben responder por sus acciones. Al mismo tiempo, sería un error atribuir esos comportamientos a todos los manifestantes. Una protesta multitudinaria reúne un variopinto de individuos, y confundirlos bajo una misma categoría impide identificar responsabilidades concretas.

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Algo similar ocurre con la acusación de que los jóvenes son carne de cañón de la ultraizquierda. Para establecer si existe instrumentalización política es necesario investigar quién organiza las convocatorias y hasta qué punto las demandas estudiantiles quedan subordinadas a estrategias partidarias. La mera presencia de políticos en una manifestación no demuestra control absoluto sobre el movimiento. Tampoco es convincente la explicación inversa que presenta a los estudiantes como protagonistas de una rebelión espontánea y libre de intereses.

La democracia pierde profundidad cuando dejamos de juzgar acciones concretas y comenzamos a explicar a las personas mediante categorías prefijadas. La sospecha puede ser una herramienta de investigación, pero convertirla en respuesta definitiva es una forma de simplificación. No se trata de celebrar la protesta ni de condenarla en bloque. Se trata de distinguir entre reivindicación y manipulación, entre acción colectiva y violencia, entre hechos comprobables e intenciones atribuidas. Solo entonces la crítica podrá convertirse en análisis. Y solo entonces la democracia podrá responder con seriedad a un fenómeno que, lejos de ser anecdótico, revela las tensiones más profundas de la sociedad contemporánea.

Por Mauricio Jaime Goio.