Observan que la aprehensión de la máxima autoridad del Ministerio Público, por supuestos actos de corrupción y nexos con el narcotráfico, termina de comprobar estado de podredumbre en el que se encuentra la justicia boliviana y sus operadores. Afirman que hacer ajustes y rectificaciones en leyes puntuales puede ser un aporte importante mientras avanza el debate por una modificación de la Carta Magna. Ven necesario trabajar en modificaciones normativas que garanticen una verdadera independencia de instituciones, sobre todo en el proceder de policías, jueces y fiscales, respecto al poder político.
Fuente: El Diario
Afirmando que la reciente aprehensión de altas autoridades de la Fiscalía General demuestra el estado de podredumbre en la administración de justicia, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, el analista político y abogado Paul Coca, coincidió con aquellos criterios que se inclinan por modificar la Carta Magna para temas estructurales; sin embargo, señaló que se puede avanzar en la lucha contra la injerencia política sobre la justicia mediante ajustes en normativas específicas.
En criterio del especialista, el escándalo judicial generado tras la aprehensión de Roger Mariaca, máxima autoridad del Ministerio Público, además de un fiscal departamental, otras altas autoridades y funcionarios de la FGE, termina de comprobar el actual estado de la justicia boliviana y sus operadores.
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“Todo esto nos lleva a demostrar que la podredumbre que hay en la administración de justicia y, obviamente, en el Ministerio Público y la Policía Boliviana”, sostuvo Coca, advirtiendo la necesidad de buscar una urgente salida a una crisis institucional, por el bien de la ciudadanía.
Asimismo, coincidiendo con aquellos criterios que se inclinan por la necesidad de hacer reformas estructurales profundas en la Carta Magna, como única salida para superar la actual crisis y revolver el tema de la justicia y la institucionalidad en el Estado boliviano, el analista apuntó que este proceso puede ser enriquecido desde el Parlamento a través de ajustes y rectificaciones en leyes puntuales como la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley Orgánica del Ministerio Público, del Órgano Judicial, de Régimen Penitenciario y otras, esto mientras avanza el debate por una modificación en la Constitución Política del Estado.
Para Coca, es importante trabajar en modificaciones normativas que garanticen una verdadera independencia de las instituciones y sobre todo en el proceder de policías, jueces y fiscales, respecto a lo que es el poder político.
“Solo de esta forma, se conseguirá una verdadera independencia y no más injerencia de ninguna autoridad en la administración de justicia”, señaló el analista a través de sus redes sociales, advirtiendo además que, mientras no se proceda de esta forma, se continuarán conociendo más casos de aprehensiones y procesos contra funcionarios judiciales y administradores de justicia, implicados en actos de corrupción y otras irregularidades.
Respecto a la aprehensión del fiscal general del Estado y varios de sus colaboradores directos, en operativos que generaron un remezón judicial y político en el país, con múltiples repercusiones a nivel nacional e internacional, Coca afirmó que el hecho debe servir de lección para aquellas autoridades que ostentan y ostentaron cargos de poder temporales, quienes tarde o temprano deberán responder por sus actos ante las instancias que corresponda.
“El poder podrá ser absoluto, pero nunca es eterno. El que las hace las paga y eso es una situación que tiene que ser así. Que esto no quede en la impunidad ni en la inmunidad, porque Bolivia ya no puede seguir siendo el campeón de la impunidad ni de la inmunidad”, finalizó.
Esta semana, entre la noche del miércoles 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre, la Policía Boliviana realizó operativos que lograron la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el mayor de Policía Rubén Aparicio, el abogado Martín Irusta (encontrado con documentación).
Además, se encontró en flagrancia a ocho funcionarios judiciales, en tres vehículos oficiales y tres particulares, en el condominio del exfiscal general. Horas más tarde, se identificó una ambulancia que salía del condominio con maletines camuflados con dinero: Bs 3.533.000 y $us 10 mil.
Ante dicha situación, el titular del Senado, Diego Ávila, en ejercicio de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), determinó adelantar una sesión convocada para tratar la situación de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la aprehensión de su máxima autoridad.
En conferencia de prensa, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, explicaron que la ALP analizará todos los aspectos institucionales y jurídicos posibles para asumir una posición respecto a futuras acciones legislativas y la respectiva fiscalización del caso.
Fuente: El Diario
