Sostuvo que los 45 contenedores vinculados al caso enfrentan el riesgo de destrucción
La carga de maderas incautada en Chile. Foto: Fiscalía Chile
Una normativa chilena sobre sustancias controladas podría derivar en la destrucción de los cargamentos de madera boliviana incautados en Arica, según la senadora de la Alianza Unidad, Marcela Guerrero, quien retornó de Chile tras verificar la situación junto a otros legisladores.
Guerrero explicó que, de acuerdo con la información que recibió durante su visita, la legislación chilena contempla la incineración de cargas que presenten trazas de sustancias controladas por debajo de determinados niveles. En ese marco, sostuvo que los 45 contenedores vinculados al caso enfrentan el riesgo de destrucción.
“La normativa chilena dispone que los cargamentos que contengan una cantidad menor al 0,5% de trazas o huellas de sustancias controladas deben ser incinerados”, afirmó la legisladora a radio Fides.
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Cargas
La senadora señaló que el caso mantiene posiciones contrapuestas. Mientras el vocero presidencial chileno, José Antonio Kast, sostuvo que la madera contiene droga, el fiscal a cargo de la investigación manifestó su disposición a viabilizar una segunda toma de muestras, aunque defendió los resultados obtenidos por el Instituto de Salud Pública (ISP).
Guerrero también cuestionó la actuación de las autoridades bolivianas. Según relató, funcionarios del Consulado les informaron que la Cancillería habría instruido no intervenir directamente en el caso, situación que, a su juicio, dejó a las 23 empresas exportadoras involucradas sin suficiente respaldo institucional.
El caso involucra 45 contenedores y unas 1.080 toneladas de madera de empresas bolivianas. La Fiscalía chilena inicialmente sostuvo que la carga estaba impregnada con cocaína y otras sustancias, mientras documentos posteriores del ISP generaron controversia sobre la concentración de las sustancias detectadas en algunas muestras.
Resultados
El presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Pedro Colanzi, sostuvo que informes de expertos contratados por las empresas cuestionan la capacidad del ISP para determinar que la madera fue impregnada deliberadamente con droga. También afirmó que otros estudios plantean dudas sobre la posibilidad de impregnar madera dura con este tipo de sustancias.
Colanzi advirtió que el caso afecta a todo el sector maderero y calculó pérdidas de entre $us 10 millones y $us 15 millones, además de un impacto sobre más de 20.000 empleos y la imagen de las empresas exportadoras.
“Hoy el caso es el de las maderas, mal denominado ‘narcomaderas’, se está cometiendo una injusticia no solo con el país, con toda una industria, como es la Cámara Forestal y maderera, se ha dañado la imagen de nuestro país”, sostuvo.
El dirigente también denunció la retención de un cargamento de soya bajo un argumento similar y pidió al Órgano Ejecutivo asumir acciones ante lo que calificó como decisiones “arbitrarias”.
Fiscalía
La situación tuvo un cambio después de que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota ordenara suspender temporalmente la destrucción de las especies incautadas y analizadas, mientras resuelve solicitudes pendientes relacionadas con algunas de las cargas. La Cancillería boliviana confirmó esta determinación el 1 de octubre y señaló que realiza un seguimiento del caso.
Guerrero afirmó que las reuniones de la delegación boliviana en Chile fueron complejas y cuestionó que las empresas enfrenten acusaciones antes de que concluya el proceso de investigación.
“Creo que fueron reuniones muy duras, porque nadie puede culparte cuando ni siquiera se ha realizado el debido proceso y, es más, las empresas bolivianas están haciendo su defensa jurídica”, dijo.
La senadora agregó que las decisiones adoptadas en Chile también abren un debate sobre las condiciones para el comercio boliviano por territorio chileno y pidió que el Gobierno asuma una posición frente al impacto que el caso genera sobre las exportaciones nacionales.
