Ven necesario y urgente que los supuestos actos de corrupción en los que se involucra a dos miembros de la ALP, se esclarezcan lo antes posible y que los implicados puedan expresar su verdad o presentar sus respectivos descargos. Desde el Gobierno se adelantó mantener una lucha frontal contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, por lo que queda descartado cualquier tipo de protección para autoridades o exautoridades presuntamente vinculadas con estas actividades.
Fuente: El Diario
Puntualizando que, todo ciudadano acusado por supuestos actos de corrupción tiene derecho al debido proceso y asumir su defensa, el asambleísta nacional por La Paz, Manolo Rojas Paz, señaló que la restricción de visas para dos diputados por parte del gobierno de Estados Unidos, debe transparentarse lo antes posible; sin embargo, al tratarse de legisladores, los señalamientos enlodan todo el trabajo realizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En criterio de Rojas, es necesario y urgente que los supuestos actos de corrupción en los que se involucra a dos miembros de la ALP, por medidas que asume el gobierno norteamericano, se esclarezcan lo antes posible y que los implicados puedan expresar su verdad y presentar sus respectivos descargos.
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“Con estas denuncias se pone en entredicho la reputación de cada uno de los legisladores señalados, ellos tienen derecho a defenderse, sin embargo, al ser dos asambleístas, de una u otra manera, se enloda el trabajo que se está haciendo desde el Legislativo”, observó.
Consultado sobre algunos pedidos de desvinculación expresados por legisladores y líderes políticos, Rojas afirmó que es una medida que no corresponde debido a la presunción de inocencia que debe existir, en este caso, corresponde conocer la postura de los involucrados.
Rojas además explicó que, la determinación del gobierno norteamericano de restringir la visa a alrededor de 40 personas, entre ellos dos asambleístas nacionales, no es una decisión tomada a la ligera, sino una medida administrativa que seguramente se sustenta en indicios que actualmente son investigados. Lo mismo debe pasar en el país en las instancias que corresponda.
“Vemos que no amerita que, por el hecho de ser incluidos en una lista, cedan sus curules o renuncien de forma anticipada”, dijo.
El jueves, en el marco de la campaña contra la corrupción y el narcotráfico que el gobierno norteamericano lleva realizando, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público un listado de 15 personas a las que se les suspendió la visa de ingreso a dicho país, nómina en la que se incluye a dos diputados, un exfiscal general, exfiscales departamentales, un fiscal coordinador, jueces y exautoridades policiales. La restricción del visado también alcanza a familiares directos.
En la nota se explica que las medidas asumidas son parte del compromiso adquirido durante la Cumbre de Doral, celebrada el pasado mes de marzo y en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.
“Dicha política se dirige contra los ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política. La Administración Trump apoya al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos”, resaltó la nota.
Después de conocerse que dos diputados fueron incluidos en la nómina de personas a las que el gobierno de Estados Unidos señala por supuestos actos de corrupción, diferentes actores políticos y legisladores exigieron sanciones, además de una investigación transparente con la que se logre confirmar o descartar lo denunciado.
“Una es la posición de los Estados Unidos que tiene toda la potestad para decidir quién entra y quién no entra en su territorio, otra cosa es lo que vayamos a hacer en nuestro país. Dentro de la ALP corresponde que en sesión se toque este tema para ver si se inician procesos en instancias internas”, sostuvo la diputada paceña Andrea Ballivián, indicando la necesidad de contar con pruebas tangibles antes de que se pueda emitir alguna posición oficial.
Desde el Órgano Ejecutivo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Gobierno mantendrá una lucha frontal contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, asegurando que no habrá protección para autoridades ni exautoridades presuntamente vinculadas con estas actividades.
Señaló que Bolivia comparte con los aliados del Escudo de las Américas, el compromiso de combatir las estructuras criminales transnacionales mediante la coordinación de acciones. “Así como el narcoterrorismo no respeta fronteras, la cooperación para combatir este flagelo tampoco debe ser limitada por las fronteras”, manifestó.
En relación con la lista difundida por el Departamento de Estado norteamericano, Gálvez explicó que existen coincidencias con investigaciones que la justicia boliviana abrió hace varios meses. Sin embargo, remarcó que las decisiones corresponden a las autoridades nacionales.
Detalló además que, las personas mencionadas en la lista que ejercían funciones en la actual gestión fueron cesadas de sus cargos. Asimismo, dijo que las autoridades y exautoridades investigadas deberán responder ante las instancias correspondientes si existen elementos que ameriten procesos judiciales.
“El hecho de que haya una lista no significa una condena. Lo que corresponde es hacer lo correcto, se respetará el debido proceso y esperará los resultados de las investigaciones”, finalizó el vocero, reafirmando la determinación del Órgano Ejecutivo de combatir a estructuras criminales por encima de cualquier diferencia política.
