Por Freddy Teodovich Ortiz
Cuando todos esperábamos la posesión del Fiscal General del Estado interino, designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que se inicie un proceso de cambio y reforma en la justicia, apareció el Vicepresidente del Estado Ermand Lara, señalando que el Presidente de la Asamblea es él, que al fiscal general interino lo tiene que posesionar la Asamblea, y, si pretenden que le tome el juramento y lo posesione, primero tendrá que corroborar cuál ha sido el procedimiento y si lo considera correcto procederá a posesionarlo, ya que si no ha sido correcto (el procedimiento) le tocará asumir las acciones legales y constitucionales que le obligan a hacerlo.
Pareciera que la posición del vicepresidente fue sensata y apegada a la ley, infelizmente no lo fue en absoluto y al contrario puso al descubierto una vez más, su decisión de trabar y poner obstáculos a toda buena acción legislativa.
La Asamblea Legislativa se reúne a convocatoria de Vicepresidente del Estado en su condición de presidente nato de la misma, o del presidente de Senadores o de Diputados según sea el caso, cuando reemplazan al vicepresidente, para tratar los temas por las que ha sido convocada según su reglamento de debates.
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En el caso que nos ocupa, el presidente de la Cámara de Senadores convocó a la Asamblea Legislativa, para tratar la situación de la Fiscalía General del Estado, ya que su titular el Fiscal General junto con otros altos funcionarios bajo su dependencia, había sido detenido por las fuerzas del orden, acusado de protección al narcotráfico, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Instalada la Asamblea y en maratónica sesión pública, los asambleístas determinaron la suspensión definitiva del Fiscal General del Estado, procediendo de conformidad a las disposiciones legales vigentes, a la designación de una autoridad interina elegida por un plazo de noventa días, en tanto se lleve adelante la elección del nuevo Fiscal General del Estado conforme a ley.
Esta decisión del órgano legislativo fue resultado de las acciones asumidas por la policía y el gobierno, una vez que Estados Unidos de Norteamérica acusó públicamente al Fiscal General del Estado Roger Mariaca, de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia; procedieron a su detención junto al fiscal de distrito de Santa Cruz y al Fiscal Superior, acusados todos ellos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de drogas, que derivó con la medida de detención preventiva por seis meses en penales de alta seguridad ordenadas por el juez cautelar.
La actuación de la policía, gobierno, fiscales y jueces ha sido pronta y acorde a la gravedad de los hechos; lo mismo podemos decir del órgano legislativo, que en resguardo del funcionamiento del ministerio público cuyo rol constitucional es la defensa de la legalidad, los intereses de la sociedad y el ejercicio de la acción penal pública, protegiendo a la víctima y resguardando las garantías constitucionales, eligió un Fiscal General del Estado de forma interina en forma inmediata.
El acuerdo parlamentario que solucionó esta grave crisis nos llenó de esperanza a todos, ya que percibimos un cambio radical en la conducta y funcionamiento de un sistema judicial tan cuestionado; sin embargo, la posición asumida por el vicepresidente del estado, al cuestionar la legalidad de las últimas actuaciones de la Asamblea Legislativa, no solo confundieron a la ciudadanía al tratar de paralizar, y porque no decirlo, apoyar de forma disimulada a los exfiscales acusados.
Si el vicepresidente considera que las actuaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional que preside ha violado sus reglamentos y/o aprobado disposiciones al margen de la ley, debe acudir en consulta o demandar su legalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional que es la única instancia de control de legalidad de las disposiciones emitidas por los órganos del estado.
El vicepresidente como está establecido, no puede arrogarse la competencia para decidir la aplicación de la Ley o para dar cumplimiento a las determinaciones de la Asamblea; ello explica, el rechazo y crítica a la posición del Vicepresidente Lara ante su actitud dilatoria, impropia de un vicepresidente y por supuesto absolutamente ilegal.
El Vicepresidente del Estado finalmente ministró posesión conforme a lo estipulado en la legislación vigente al señor Fiscal General del Estado interino.