La iniciativa plantea descentralizar la Fiscalía sin romper su unidad nacional y cobra fuerza en medio de la crisis institucional abierta tras la aprehensión de Róger Mariaca.
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En ese escenario, un proyecto de ley elaborado por el abogado constitucionalista José Luis Santistevan propone que los fiscales departamentales sean seleccionados mediante procesos públicos y meritocráticos en las Asambleas Legislativas Departamentales (ALD). La iniciativa no plantea modificar la Constitución Política del Estado (CPE), sino reformar la Ley 260 del Ministerio Público.
La propuesta apunta directamente al actual mecanismo de designación. La Constitución establece la existencia de fiscales departamentales dentro de la estructura del Ministerio Público, pero deja a la ley la regulación de su organización, atribuciones y funcionamiento.
Actualmente, el artículo 33 de la Ley 260 dispone que esas autoridades sean designadas por el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y luego de una evaluación de capacidad profesional y méritos. Su periodo de funciones es de cuatro años y pueden ser designadas nuevamente por una sola vez.
Santistevan explicó a EL DEBER que elaboró el proyecto hace aproximadamente dos semanas y que prevé presentarlo ante la Cámara de Diputados en los próximos días bajo el lema “Reforma del Ministerio Público ya”.
El eje de su propuesta consiste en descentralizar la selección y parte de la administración de las fiscalías departamentales sin afectar la unidad ni la estructura jerárquica nacional del Ministerio Público.
El proyecto plantea modificar, entre otros, los artículos 5, 30, 33, 34 y 141 de la Ley 260. La nueva redacción mantendría al Fiscal General como máxima autoridad jerárquica de la institución, pero trasladaría a las ALD la facultad de designar a los fiscales departamentales.
La elección requeriría el respaldo de dos tercios de los asambleístas presentes y estaría precedida por una convocatoria pública y un proceso de evaluación de capacidad profesional y méritos.
La propuesta también eleva de seis a diez años la experiencia profesional exigida para ejercer el cargo y amplía el periodo de funciones de cuatro a cinco años. Los fiscales departamentales prestarían juramento ante sus respectivas asambleas y podrían ser designados nuevamente por una sola vez.
Además, serían sometidos cada dos años a una evaluación conjunta del Fiscal General del Estado y de la Asamblea Legislativa Departamental correspondiente.
Otro de los cambios de fondo se encuentra en las atribuciones administrativas. Los fiscales departamentales asumirían mayores facultades para designar, remover, desplazar, suspender y destituir tanto al personal administrativo como a los fiscales de materia que desempeñen funciones dentro de su jurisdicción.
También elaborarían su presupuesto anual para incorporarlo al presupuesto general del Ministerio Público y administrarían directamente los recursos asignados a las fiscalías departamentales, que pasarían a funcionar como unidades desconcentradas financieramente.
La propuesta, sin embargo, no convierte a las fiscalías departamentales en instituciones independientes del Ministerio Público nacional.
El texto mantiene expresamente el principio de unidad y jerarquía y establece que la Fiscalía seguirá siendo “única e indivisible” en todo el territorio nacional. Los fiscales departamentales continuarían representando al Ministerio Público dentro de cada departamento y permanecerían sujetos a su estructura nacional.
Ese principio está recogido también en la Constitución, que establece que el Ministerio Público ejerce sus funciones bajo los principios de autonomía, unidad y jerarquía
La discusión tiene además un antecedente dentro de la agenda regional. La propuesta denominada “Nueva Relación de las Regiones con el Estado”, promovida por el Comité pro Santa Cruz, plantea descentralizar distintas instituciones estatales e incorporar procedimientos departamentales para la selección de autoridades administrativas, judiciales y electorales. Entre las entidades mencionadas figura expresamente el Ministerio Público.
En esa línea, el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, planteó recientemente que cada departamento participe en la selección de su fiscal departamental mediante procesos públicos, exámenes y valoración de méritos.
Su propuesta contempla que la ALD seleccione a los tres postulantes mejor calificados y que, posteriormente, el Fiscal General escoja a uno de ellos. El mecanismo, según ese planteamiento, permitiría incorporar participación departamental sin romper la unidad institucional de la Fiscalía
El proyecto de Santistevan va un paso más allá. Propone que sea directamente la Asamblea Legislativa Departamental, mediante una votación de dos tercios, la que designe al fiscal de cada región.
También incorpora una mayor autonomía administrativa y financiera para las oficinas departamentales, además de ampliar las facultades de sus autoridades en la gestión de personal y recursos.
El debate en un momento sensible para el Ministerio Público
La aprehensión de Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se produjo dentro de un operativo en el que el Gobierno denunció la existencia de una presunta organización criminal que habría operado para proteger a personas vinculadas con el narcotráfico
Esos señalamientos forman parte de una investigación penal en curso. Mariaca rechazó previamente las acusaciones formuladas en su contra y denunció injerencia sobre el Ministerio Público.
En ese contexto, la propuesta de Santistevan busca trasladar al escenario legislativo una discusión que hasta ahora había tenido mayor presencia dentro de la agenda autonómica: cómo mantener una Fiscalía única en todo el país y, al mismo tiempo, otorgar a los departamentos una participación más directa en la elección y administración de sus principales autoridades.
