La Fiscalía incorporó informes policiales, dinero, dispositivos electrónicos y antecedentes de EEUU para construir el caso. La Fiscalía pide seis meses de detención preventiva en San Pedro y Patacamaya
Fuente: El Deber
El video en el que Sebastián Marset menciona a Róger Mariaca, información atribuida a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), antecedentes procedentes de Estados Unidos y los teléfonos y dinero secuestrados durante las aprehensiones constituyen la base inicial con la que la Fiscalía construyó el proceso contra el fiscal general y otros tres investigados.
La resolución de imputación —a la que accedió EL DEBER— tiene 20 páginas y está fechada el 2 de octubre. El documento permite establecer qué elementos existen hasta ahora en el expediente y, al mismo tiempo, qué falta demostrar para sostener la acusación por tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
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Una de las primeras evidencias es el material audiovisual difundido por Marset, en el que menciona a personas identificadas como “Mariaca”, “Sonia” y “Aparicio”. La Fiscalía utiliza específicamente la expresión atribuida al narcotraficante: “Mariaca es mi amigo”, para vincularlo con Rubén Aparicio y otros investigados.
A ese antecedente se sumaron informes policiales, datos atribuidos a la UIF y el pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos relacionado con la revocación de visas de autoridades bolivianas. Esos elementos fueron considerados por la Felcn antes de localizar a Mariaca y Alberto Zeballos en el aeropuerto de Viru Viru.
Durante la requisa a Mariaca los agentes secuestraron dos teléfonos celulares, una tableta, Bs 19.850, $us 2.100, documentación, joyas y otros objetos. Ese material forma ahora parte de los elementos que deberán ser sometidos a análisis.
Sobre esa base, la Fiscalía sostiene provisionalmente que Mariaca habría integrado una estructura junto con Aparicio, Zeballos y Martín Irusta y le atribuye un supuesto papel de “protección y ayuda” desde el Ministerio Público. La resolución afirma que esa cobertura habría operado cuando fue fiscal departamental de Santa Cruz y posteriormente como fiscal general.
El documento incorpora además una acusación de mayor alcance: menciona informes según los cuales Marset habría pagado hasta $us 500.000 mensuales como parte de un supuesto esquema de protección que involucraba a altas esferas institucionales. La resolución vincula esa hipótesis con el operativo fallido del 29 de julio de 2023.
Sin embargo, la propia Fiscalía reconoce que esa información todavía debe ser comprobada. Ordena “verificar y corroborar de manera independiente” el contenido de los informes policiales, el video de Marset, los datos atribuidos a la UIF y otras fuentes institucionales. También establece que debe determinarse la procedencia y destino del dinero secuestrado y comprobarse la existencia o inexistencia de vínculos entre los investigados.
Esa tarea abre una segunda fase del caso. Los fiscales proyectan allanamientos, identificación de nuevos participantes, declaraciones de testigos, triangulación de llamadas y tráfico de datos, análisis de teléfonos y redes sociales, peritajes de conversaciones y consultas a Migración e Interpol.
Existe además una diferencia respecto al tiempo de detención solicitado. La resolución menciona inicialmente una medida restrictiva por 90 días, pero en el petitorio final pide seis meses de detención preventiva para Mariaca, Zeballos, Aparicio e Irusta en los recintos penitenciarios de San Pedro y Patacamaya, en La Paz.