Así, 2027 será la prueba para la capacidad de la Asamblea de superar acuerdos circunstanciales.

Una sesión de la Asamblea Legislativa (APG)
Fuente: La Razón
En 2026, la Asamblea Legislativa dio luz verde a 88 normas. La elección del fiscal general del Estado, la reforma del sistema judicial y la aprobación de leyes económicas estructurales marcarán la agenda pendiente de la para 2027.
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Sin embargo, la fragmentación de las bancadas, las disputas internas y la falta de una agenda propia amenazan con retrasar las transformaciones que requiere el país.
Los desafíos no se limitan a la aprobación de nuevas normas. También comprenden la institucionalización de entidades estatales, la revisión del sistema de elección de autoridades judiciales y la creación de condiciones para atraer inversiones en sectores estratégicos.
En entrevista con La Razón, la politóloga María Teresa Zegada considera que el Legislativo debe asumir un papel propositivo e impulsar reformas que fortalezcan la institucionalidad democrática y la economía. Entre sus prioridades identifica la reforma judicial, los cambios a las leyes electorales y de organizaciones políticas, además de nuevas normas sobre inversiones, minería e hidrocarburos.
“Hay una serie de prioridades de tipo estructural, no son leyes cosméticas como la mayoría de las que se han estado aprobando, sino que están necesitando, más bien se orientan a una profunda transformación del Estado”, afirmó.
Por su parte, el analista Carlos Saavedra divide las tareas legislativas en dos ámbitos: las urgencias institucionales y económicas, y las reformas estructurales. En el primer grupo sitúa la elección del Fiscal General, la aprobación de créditos y la designación de autoridades titulares en instituciones como la Contraloría, Aduana, Impuestos Internos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Entre las reformas de fondo menciona una nueva Ley de Hidrocarburos, las leyes de Inversiones, Minería y Energía, además de cambios al sistema judicial.
Justicia
La elección del Fiscal General aparece como uno de los primeros asuntos que deberá resolver la Asamblea. Zegada considera que el proceso no puede postergarse debido al carácter transitorio de la actual autoridad.
Sin convocatoria para avanzar en la elección de un nuevo fiscal general, algunos legisladores plantearon ampliar el interinato de José armando Urioste, que cumple su mandato el 5 de enero de 2027, tomando en cuenta que asumió el cargo temporal el 5 de octubre, tras la salida de Roger Mariaca, envuelto en escándalos.
“Postergar estas decisiones es optar por una política muy peligrosa en la que está el propio oficialismo, que es la de dejar hacer y dejar pasar”, advierte Saavedra.
También considera ineludible la designación y anticipa que podría concretarse en enero, para lo cual serán necesarios acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.
En cuanto a las elecciones judiciales complementarias, el analista observa incertidumbre y una tendencia a plantear una reforma integral de la justicia, debido a los cuestionamientos al mecanismo de selección de magistrados mediante voto popular.
Desde la bancada de Libre, el senador José Manuel Ormachea considera que una reforma parcial de la Constitución debe ocupar un lugar central en la agenda legislativa. Según el legislador, los cambios constitucionales permitirían modificar otras disposiciones vinculadas con la economía y el funcionamiento del Estado.
Anunció que su bancada prepara una propuesta que contempla modificar más de 110 artículos de la Carta Magna. También mencionó la actualización del Código de Procedimiento Constitucional, las normas electorales, la Ley de Organizaciones Políticas y otras disposiciones laborales, penales y administrativas.
Economía
La agenda económica contempla la discusión de las leyes de Inversiones, Hidrocarburos, Minería, Energías Renovables y Litio, consideradas fundamentales para definir nuevas condiciones de desarrollo productivo.
En la misma línea, la diputada de Libre Lissa Claros sostiene que estas iniciativas deben acompañarse de cambios constitucionales para eliminar restricciones a la llegada de capitales.
“Desde nuestro punto de vista, como Libre, no sirve de nada avanzar si no tenemos una reforma parcial a la Constitución, porque los candados para los inversores están en la Constitución”, señaló.
La legisladora también destacó la necesidad de actualizar la normativa minera, por la importancia del sector en las exportaciones, y atender el desarrollo energético y la exploración de hidrocarburos.
Otro asunto será el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, que permitirá conocer la orientación económica del Gobierno, especialmente respecto de las empresas públicas deficitarias y la distribución de recursos entre el nivel central y las regiones.
Claros también cuestionó que todavía no se concrete la propuesta de distribución 50/50 en favor de las regiones. Explicó que su aplicación requiere modificar alrededor de 80 normas, entre leyes y decretos supremos, debido a que no implica únicamente transferir recursos, sino también redistribuir competencias.
Fragmentación.
La posibilidad de avanzar en esta agenda dependerá de la capacidad de negociación entre las bancadas. El oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita construir acuerdos para alcanzar los votos requeridos.
Zegada considera que los respaldos conseguidos hasta ahora responden a acuerdos coyunturales y no a una alianza política estable.
“El gobierno está intentando cooptar parlamentarios de otras fuerzas políticas que están divididas y generar consensos, pero no son mayorías sostenibles”, sostuvo.
Saavedra también observa una Asamblea fragmentada, incluso dentro de las propias organizaciones políticas. No obstante, recuerda que algunas votaciones alcanzaron consensos de hasta dos tercios, lo que demuestra que existen posibilidades de negociación.
Para el analista, una de las principales deudas del primer año legislativo fue la ausencia de una agenda propia y de proyectos impulsados desde el Parlamento.
Asamblea
“Yo siento que tanto opositores como oficialistas terminan todo el tiempo reclamándole al Ejecutivo que mande proyectos de ley, pero no han sido capaces ellos de presentar proyectos de ley que tengan una impronta propia de la Asamblea”, cuestionó.
Las diferencias internas también fueron señaladas por los legisladores. Ormachea denunció acercamientos de parlamentarios al oficialismo mediante acuerdos que, según su interpretación, podrían responder a favores o cargos. Claros atribuyó la división de las bancadas a disputas por espacios de poder y cuestionó los acuerdos para conformar comisiones.
Por otro lado, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada considera que un gran desafío para el avance de las normas será la “socialización”, más que faltas de consenso. “Sí hay madurez política, sí hay voluntad, sí hay capacidad de negociación. Y creo que, cuando sea necesario, se ampliará el debate”, sostuvo.
Zegada advirtió que la acumulación de asuntos pendientes puede deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones. También cuestionó las disputas internas, las denuncias sobre presuntos pagos para conseguir respaldos legislativos y los señalamientos de presiones para acceder a cargos públicos.
Así, 2027 será la prueba para la capacidad de la Asamblea de superar acuerdos circunstanciales y construir agenda con resultados.
Fuente: La Razón