Uno de los casos corresponde a una denuncia por una presunta red de cobros que habría afectado a más de 8.000 servidores públicos.
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, denunció a la exadministración municipal por presuntas irregularidades. FOTO: GAMLP
Incumplimiento de deberes, cobros indebidos y deficiencias administrativas lideran las 47 denuncias presentadas por la actual gestión del Gobierno Municipal de La Paz contra la anterior administración edil.
Los antecedentes documentados expuestos por la Alcaldía muestran situaciones de presuntos cobros periódicos que habrían alcanzado a miles de funcionarios, venta fraudulenta de puestos de trabajo, exigencias económicas para obtener licencias de funcionamiento y obras millonarias con observaciones técnicas y contractuales.
La Alcaldía paceña señaló que bajo el programa denominado “Rottweiler” contra la corrupción continuará revisando los antecedentes de la anterior administración, promoviendo auditorías y presentando nuevas denuncias cuando existan elementos suficientes.
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“La actual gestión considera que los casos identificados hasta ahora muestran un patrón preocupante de negligencia, desinterés, improvisación y posibles negociados que exige una investigación integra”, se menciona en un boletín institucional.
Para la administración municipal, estos antecedentes ponen en cuestión la forma en que se condujo la gestión anterior, a la que califica como una etapa oscura para la institucionalidad paceña.
AUDITORÍAS ADICIONALES
Actualmente se realizan más de 50 auditorías adicionales y más de 100 investigaciones de transparencia, cuyos resultados permitirán determinar si existen nuevos indicios de irregularidades y responsabilidades que deban remitirse a las autoridades competentes.
Entre los casos más alarmantes se encuentra una denuncia por una presunta red de cobros periódicos e irregulares que habría afectado a más de 8.000 servidores públicos municipales.
También se investigan dos casos de presunta venta fraudulenta de empleos públicos, con aproximadamente 47 víctimas y montos denunciados que suman más de Bs 144.000.
A ello se añade la denuncia contra un funcionario que presuntamente habría exigido Bs 12.000 para facilitar una licencia de funcionamiento.
La Alcaldía sostiene que ninguna persona debería pagar a intermediarios para acceder a un derecho o recibir un servicio que corresponde brindar a la institución.
Las investigaciones también alcanzan proyectos de infraestructura ejecutados durante la anterior administración.
Entre los antecedentes figuran observaciones a proyectos de estabilización y drenaje que involucraron más de Bs 30 millones. También contratos de infraestructura vial con cuestionamientos técnicos, modificaciones de plazos y deficiencias en procedimientos administrativos.
En uno de los proyectos, el plazo contractual pasó de 270 a 604 días mediante cinco modificaciones.
«Estos antecedentes no demuestran por sí mismos un daño económico ni la comisión de delitos. Pero justifican investigar quiénes adoptaron las decisiones, con qué respaldo técnico y si existieron perjuicios para el municipio», señala la nota.
MERCADOS
Las presuntas irregularidades llegaron también a los mercados. Desde esa unidad se identificaron indicios de duplicación de trámites presuntamente vinculados a una persona identificada con las iniciales J. B.
Estos se encuentran sujetos a verificación documental y administrativa, por lo que todavía no corresponde atribuir responsabilidades definitivas.
“La intervención busca esclarecer posibles mecanismos de intermediación, cobros indebidos, manipulación de expedientes y retrasos injustificados. Y, que estos pudieran haber perjudicado a comerciantes, caseras, caseros y titulares de actividades económicas”, señala el informe edil.
El alcalde César Dockweiler ha expresado su determinación de no retroceder ante estos hechos y de mantener el trabajo de auditoría, fiscalización y denuncia.
Desde el Ejecutivo municipal se ha planteado la preocupación de que determinados sectores afectados por las investigaciones puedan buscar debilitar políticamente a la administración. Sin embargo, cualquier vinculación concreta entre personas denunciadas, estructuras delictivas y promotores de un eventual revocatorio deberá sustentarse en pruebas verificables.
