La controversia salió a la luz el 16 de noviembre, cuando se difundió un audio atribuido a la diputada Claudia Bilbao, en el que reclama a Quiroga por no haber contratado a personas que habría recomendado.

El caso de presunto cuoteo político en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) se amplió con denuncias penales, audios y conversaciones de WhatsApp difundidos públicamente, además de acusaciones cruzadas entre diputados oficialistas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la exdirectora de la entidad, Daniela Quiroga.
Las presuntas presiones y el inicio del caso
La controversia salió a la luz el 16 de noviembre, cuando se difundió un audio atribuido a la diputada Claudia Bilbao, en el que reclama a Quiroga por no haber contratado a personas que habría recomendado.
La legisladora reconoció la conversación, pero sostuvo que la grabación estaba recortada y negó haber enviado listas de postulantes.
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El 17 de noviembre se conoció una segunda grabación, esta vez atribuida al diputado Alejandro Medinaceli. En ella cuestiona que dos designaciones no se hubieran concretado como, según señala, habían instruido. «¿Daniela, quieres seguir trabajando o no? No entiendo. Porque nos estás generando problemas», se escucha decir al legislador.
Quiroga explicó posteriormente que las presuntas presiones comenzaron con recomendaciones de hojas de vida, pero se intensificaron durante los últimos tres o cuatro meses de los siete que permaneció al frente de la institución.
Según su testimonio, las solicitudes se transformaron en amenazas cuando se negaba a contratar a personas que no cumplían los perfiles profesionales.
Quiroga identifica un “clan”
En entrevista con ERBOL, la exdirectora identificó a Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García como integrantes de un supuesto grupo que actuaba coordinadamente para gestionar contrataciones.
«Los tres definían, por así decirlo, a quién me enviaban (…) Era como un clan», afirmó.
Quiroga aseguró que recibió aproximadamente 50 currículums remitidos por legisladores y estimó que alrededor de 40 personas llegaron a incorporarse a la AISEM. En otra entrevista, ante ANF, habló de al menos 100 hojas de vida y aclaró que algunas contrataciones se concretaron cuando los postulantes cumplían los requisitos establecidos.
Atribuyó a Bilbao el envío de la mayor cantidad de currículums, aproximadamente 30, mediante mensajes de WhatsApp y documentos físicos. También señaló que la diputada indicaba los cargos que debían ocupar los postulantes.
Como ejemplo, mencionó el caso de una persona propuesta para una jefatura de auditoría que no había concluido la carrera universitaria.
Sobre Medinaceli, afirmó que le reclamaba por las personas que no eran incorporadas y que incluso la convocaba a reuniones en su oficina del piso 19 de la Casa Grande del Pueblo. También mencionó a Alejandro Aparicio como un intermediario que inicialmente llevaba las hojas de vida de los legisladores.
La exdirectora relató que las negativas a determinadas contrataciones derivaron en amenazas. «Ya había un hostigamiento: si no pones, te vas. O sea, tienes que ponerlo porque si no te vamos a sacar», manifestó. También lamentó no haber denunciado antes las situaciones que, según dijo, llegó a normalizar durante su gestión.
Las respuestas de los diputados
Bilbao reconoció que conversó con Quiroga, pero sostuvo que la grabación difundida omitió partes en las que, según su versión, reclamaba por la permanencia de funcionarios del Movimiento Al Socialismo (MAS).
También negó haber enviado listas de nombres y justificó sus reclamos con denuncias que habría recibido sobre presuntos cobros de hasta el 50% de los salarios de algunos funcionarios, por lo que calificó la difusión del audio como una «venganza».
Medinaceli, por su parte, admitió que la voz de la grabación corresponde a una conversación suya con Quiroga, pero afirmó que el audio fue editado y no contiene todo el diálogo.
Asimismo, el diputado suplente defendió la necesidad de dar paso a otros profesionales y retirar a funcionarios vinculados con anteriores gobiernos del MAS. No obstante, hasta el momento no respondió directamente a las acusaciones de la exdirectora sobre la supuesta coordinación entre tres legisladores.
En el caso de Óscar García, jefe de bancada del PDC y presidente de la Comisión de Ética de Diputados, Quiroga lo señaló como parte del grupo, aunque no se conocen grabaciones suyas.
El legislador había defendido a sus colegas y calificó las denuncias como un supuesto «ciberataque político» contra el oficialismo. También justificó que se procure incorporar a militantes que hicieron campaña.
Denuncias penales y respuesta del Gobierno
El exdiputado Rafael Quispe formalizó una denuncia ante la Presidencia de la Cámara de Diputados contra Bilbao y Medinaceli por presunto uso indebido de influencias, amenazas y extorsión. Solicitó que el caso sea remitido a la Comisión de Ética y anunció que acudiría al Ministerio Público. Entre tanto, el activista René Suntura presentó una denuncia penal contra Bilbao.
El abogado de Quiroga, Eduardo León, denunció una supuesta persecución judicial contra su defendida, luego de conocer un informe policial que plantea ampliar una investigación por presuntos cobros ilícitos en la AISEM.
Al respecto, negó que la exdirectora tuviera participación y anunció que entregaría pruebas técnicas a la Fiscalía. También advirtió con una «guerra judicial» si se inicia un proceso contra ella.
El Gobierno, a través del vocero presidencial José Luis Gálvez, pidió formalizar las denuncias para que los hechos sean investigados y evitó emitir una valoración sobre los audios porque podrían estar cortados, editados o manipulados, pero aseguró: «Este Gobierno no le debe cuotas a nadie».
Por su lado, la ministra de Salud, Marcela Flores, recordó que la AISEM es una entidad descentralizada con autonomía administrativa, financiera y legal, e invitó a presentar las denuncias ante las instancias correspondientes. El viceministro de Transparencia, Yamil García, aseguró que coadyuvará en las investigaciones, independientemente del cargo o posición política de los involucrados.
Cuestionamientos contra la exdirectora
A las acusaciones contra los legisladores se sumaron cuestionamientos sobre la gestión anterior de Quiroga. La asambleísta Gabriela Ferrel recordó a ERBOL que, cuando la exautoridad dirigía el Hospital Municipal Los Pinos, en 2020 recibió denuncias de trabajadores y extrabajadores por presunto acoso laboral, maltrato e irregularidades económicas.
Afirmó que remitió solicitudes a instancias de transparencia y al Ministerio Público, pero que no obtuvo respuesta. También mencionó una sentencia que restituyó derechos laborales de funcionarios retirados.
Ferrel pidió esclarecer esos antecedentes y sostuvo que también debe investigarse la credibilidad e idoneidad de la exdirectora, sin dejar de lado las denuncias por presuntas presiones en la AISEM.
En la misma línea, legisladores del PDC y de la alianza Libre cuestionaron que Quiroga haya denunciado los hechos después de dejar el cargo.
Por otro lado, el funcionario de la AISEM Gonzalo Muñoz presentó una denuncia penal contra Quiroga por presunta discriminación. Afirmó que la exdirectora, en uno de los audios, se refirió a su discapacidad física y cuestionó su incorporación por utilizar un bastón. Muñoz sostuvo que es contador, tiene más de 20 años de experiencia y negó conocer personalmente a Bilbao y Medinaceli.
En un reciente pronunciamiento, la nueva administración de la AISEM afirmó que no recibió presiones ni imposiciones de autoridades para contratar personal y sostuvo que las incorporaciones se realizan de acuerdo con las necesidades institucionales y los perfiles establecidos en el Manual de Puestos y los POAI.
La entidad también reconoció el derecho de la exdirectora a acudir a las instancias competentes para denunciar las presuntas presiones que asegura haber sufrido. Además, informó que trabaja en la reactivación de proyectos hospitalarios y en el seguimiento de procesos legales para esclarecer posibles responsabilidades.
