
La capacitación de abogados y personal administrativo en Gestión Pública, Defensa Legal del Estado y en el sistema Registro Integral de Abogados y Procesos del Estado (Riape) fortalecerá el registro y seguimiento de los casos del Estado, con información oportuna, fidedigna y verificable que permitirá precautelar el patrimonio público.
Fuente: ABI
Así lo establece el Decreto Supremo 5780, emitido en Consejo de Ministros por el presidente Rodrigo Paz Pereira el 19 de noviembre, el cual modifica el Artículo 18 del Decreto Supremo 0789 y recoge una propuesta técnica de la Procuraduría General del Estado (PGE).
De acuerdo con un reporte institucional, la PGE identificó que el 75,55% de las entidades incumplía los plazos de actualización de procesos, en gran parte por desconocimiento del sistema Riape, que integra el Registro de Abogados del Estado (RAE) y el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE). La capacitación, establecida como requisito, busca cerrar esa brecha de formación y garantizar la trazabilidad de los procesos judiciales.
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El decreto establece dos capacitaciones. La primera, en Gestión Pública y Defensa Legal del Estado, dirigida a los abogados asesores de las unidades jurídicas que están a cargo de los procesos judiciales de las entidades. La segunda, en el manejo del sistema Riape, dirigida a abogados que patrocinan procesos, personal que registra la información jurídica y personal de Recursos Humanos, encargado del registro de los abogados.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo, el plazo para completar la capacitación es de un año, computable a partir de la incorporación al cargo o, en el caso del personal en funciones, desde la publicación de la norma.
Las Unidades de Recursos Humanos de cada entidad serán las responsables de verificar su cumplimiento, siendo la certificación emitida por la Escuela de Abogados del Estado el único documento válido de acreditación.
Con la promulgación de este decreto, la Procuraduría fortalece su rol de promover, defender y precautelar los intereses del Estado y de velar por el ejercicio diligente de las unidades jurídicas.
Además, la Escuela de Abogados del Estado, entidad desconcentrada de la PGE, queda consolidada como la instancia oficial de formación de los servidores públicos encargados de la defensa legal y del registro de la información jurídica estatal.
KCF/MCM
Fuente: ABI
