Rodríguez recordó una propuesta de reforma judicial que planteó durante el periodo de electoral de la pasada gestión.
El presidente del RSJ, Romer Saucedo. Foto: Captura
Durante el primer año del gobierno de Rodrigo Paz, también quedó en evidencia la gravedad de la crisis judicial que atraviesa el país, reflejada en los últimos casos conocidos, como la aprehensión del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el autoexilio del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.
En entrevista con La Razón, el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la actual situación en el sistema de justicia podría constituir una oportunidad para encarar, por fin, una reforma judicial.
“Es un desafío único en la historia, porque hemos tocado fondo en la falta de integridad, en el escándalo público. Hoy Bolivia debe asumir un reto, pero de gran calado, es ahora o nunca”, sostuvo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En esa línea, la exsenadora Silvia Salame señaló que el “pico más alto” de la crisis judicial en el país tuvo lugar con los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y el TSJ. Detalló que, a su criterio, una posible reforma debe ser guiada por organismos internacionales.
“No creo que estén dadas las condiciones para empezar a trabajar en una reforma. Pero quizás habría que hablar con organismos internacionales para ver una forma de encarar esta gravísima crisis que tiene el sistema judicial”, manifestó la exlegisladora.
Reforma.
Rodríguez recordó una propuesta de reforma judicial que planteó durante el periodo de electoral de la pasada gestión: “Hice un planteamiento público a los candidatos para que lleguen a un acuerdo en el que toda la reforma del sistema judicial no se reduzca únicamente a cómo se eligen a las autoridades, sino revele algunos puntos importantes”, declaró.
El plan de diez ejes comienza con un diagnóstico integral del sistema e incluía la armonización de leyes vigentes bajo conceptos pluralismo jurídico. Además, sugiere una reestructuración institucional, con foco en recursos humanos, presupuesto y régimen disciplinario, así como el rediseño del control constitucional a través del TCP.
Asimismo, propone la creación de políticas estatales integrales en lo criminal, penitenciario, tributario y administrativo; una reforma del sistema de elección de jueces y carrera judicial y la transformación de la educación legal a nivel universitario y profesional.
“Primero, no debe ser una política del gobierno, ni del Ministerio de Justicia, es una tarea de los tres órganos de poder, el Ejecutivo, el Legislativo, el propio Judicial e incluso el Electoral. Es un acuerdo con la ciudadanía para que no sea un manejo político restringido, sino que se abra a un proceso integra y comprensivo de lo que es esta problemática”, remarcó.
Para Salame, antes de ejecutar una reforma es indispensable garantizar la independencia de poderes y acabar con la “injerencia permanente” del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia.
Asimismo, señaló que es importante aumentar el presupuesto y cambiar la forma en la que son elegidas las altas autoridades, lo que implicaría modificar la Constitución Política del Estado.
“Es importante tener en cuenta que los salarios no son los adecuados en este momento, sería fundamental hacer una reestructuración de la escala salarial, luego hay que modificar la Constitución (…) La Asamblea Legislativa, o sea el órgano político, es quien decide quienes pueden ingresar al proceso de elecciones, por lo que, en realidad, no es una elección propiamente dicha”, afirmó.
Precisó que también es necesario hacer modificaciones a la Ley 025 del Órgano Judicial y la 027 del TCP y reponer algunas funciones del Consejo de la Magistratura, entre otras acciones. “Hay muchísimos temas que tratar para empezar a trabajar en la estructuración del sistema judicial, pero todo ello también pasa por el respeto a la dependencia y el dar nuevos recursos al Órgano Judicial”, aseguró.
Finalmente, ambos expertos recordaron el carácter interino del nuevo fiscal, José Armando Urioste, y de la presidenta del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, por lo que señalaron que en caso de afrontar una reestructuración esta deberá realizarse tras la posesión de las autoridades oficiales.
