Uruguay salió de su crisis energética con una política de Estado avalada por todos los partidos políticos. Bolivia la enfrenta a puro decreto supremo. Si arriba no hay acuerdos, el cambio tendrá que empezar abajo: en las alcaldías, las gobernaciones y los techos.
En 2008 Uruguay no tenía petróleo, gas ni carbón, y el barril que importaba se había triplicado en seis años. Ese año aprobó una Política Energética con metas a 2015, 2020 y 2030, y en 2010 todos los partidos políticos con representación parlamentaria la avalaron. Hoy genera el 98% de su electricidad con fuentes renovables.
Bolivia vive su propia crisis energética, y la respuesta ha sido otra: en enero, un decreto declaró la emergencia energética y abrió la importación de combustibles a privados; en julio, otro dejó en cero el ICE de los vehículos 100% eléctricos; en octubre, otro autorizó a importar el gas que antes exportábamos. Mientras tanto, el acuerdo con el FMI pide que desde enero los combustibles cubran su costo.
No tenemos una política energética, tenemos parches. Y casi todos son decretos supremos, lo que muestra lo poco que hemos podido construir acuerdos que se conviertan en leyes.
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Primera lección: un acuerdo sobrevive a los gobiernos, un decreto no. La política uruguaya tuvo detrás a un técnico, el físico Ramón Méndez Galain, como director nacional de Energía, pero sobre todo tuvo un acuerdo.
Desde entonces pasaron gobiernos de distinto signo, y en 2024 el presidente de turno lo resumió así: “Esto es mucho más que un cargador. Son políticas nacionales”. Aquí, en cambio, cada decreto nace con fecha de vencimiento: el ICE cero vence el 31 de diciembre, y el decreto del gas se presenta como “excepcional”, en el marco de una emergencia. Nadie invierte a veinte años sobre una norma que puede cambiar el próximo mes.
Segunda lección: la inversión llega cuando las reglas son estables. El Decreto 77/006, de 2006, autorizó a la empresa estatal UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) a comprar energía renovable a privados con contratos de largo plazo, y la política de Estado le dio a ese decreto el respaldo que no tenía por sí solo.
En una década se instalaron unos 50 parques eólicos, y entre 2010 y 2015 se invirtieron unos 7.100 millones de dólares, 4.700 millones de ellos en asociación público-privada. En Bolivia, el 63,25% de la electricidad de 2025 salió de termoeléctricas que funcionan sobre todo con gas, mientras la producción de ese gas cae. El CNDC tiene una meta de 75% renovable para 2035, pero una meta sin ley es apenas una intención.
Tercera lección: la transición tiene que llegar al trabajador y a la factura. Uruguay pasó de 50% a solo 2% de fósiles en su generación eléctrica y, según Méndez, el costo de generarla bajó a la mitad. Creó unos 50.000 empleos y negoció con los sindicatos el cierre de las plantas fósiles.
UTE sumó medidores inteligentes y un Bono Social con descuentos de 80% a 90% para más de 163.000 hogares vulnerables. No hay que idealizarlo: las tarifas siguen entre las más caras de la región, y la sequía de 2023 le costó a UTE unos 320 millones de dólares extra. Pero el plan existía antes de la crisis, y no se improvisó encima de ella.
Si arriba no hay acuerdos, que empiecen abajo. La Constitución les da a municipios y gobernaciones competencia exclusiva sobre energías renovables, y la generación distribuida ya permite producir en el lugar de consumo, desde 2026 también en media escala y en estaciones de recarga.
Que cada alcaldía y cada gobernación licite paneles solares para escuelas, hospitales y bombeo de agua, cambie el alumbrado a LED y sume cargadores solares. Vecinos y cooperativas pueden hacer lo mismo en sus techos. Cuando dejé ENDE propuse algo parecido para el alumbrado público. Pero seamos coherentes: hasta lo bueno vive en un decreto, el 4477, que cualquier gobierno puede borrar.
Por eso la única ley que pido son tres ajustes puntuales a la Ley 1604. Primero, llevar la generación distribuida a la ley, con compensación entre los edificios de una misma entidad. Segundo, eliminar el inciso c) del artículo 15, que impide que una generadora, sumando a sus empresas vinculadas, tenga más del 35% de la capacidad instalada, y que hoy obliga a mantener separadas a las filiales de ENDE. Tercero, ampliar el tope de 15% de generación renovable propia que el inciso d) del mismo artículo impone a las distribuidoras. Los parches tapan agujeros. Las leyes construyen caminos.
