Esta semana, buena parte de los artículos de opinión y de los análisis solicitados se refirieron al balance del primer año de gobierno de don Rodrigo Paz Pereira, colaboradores incluidos.
En gran medida coincidentes, aunque no faltaron quienes no vieron algo bueno para rescatar, prácticamente no queda mucho por decir al respecto. ¡Eso, sí!, apologías no hubo; ni siquiera provenientes del propio entorno gubernamental que si bien defendió la gestión –con énfasis en la lucha contra el narcoterrorismo– no hizo gala de mucho más. Cuestionado, con o sin razón, desde varios frentes, tampoco cabía hacerlo.
Por tanto, para no caer en redundancias, tal como el título anuncia, miraré al horizonte de lo que puede esperarse del gobierno en lo que le resta del período para el cual fue elegido, cuatro –largos– años.
Quiero dejar establecido que debe cumplirlos. Es decir que, primero, no hay cabida para acortarlo por medio de movilizaciones, conspiraciones o elecciones adelantadas. Lo único que podría interrumpir este precepto sería la decisión personal del Primer Mandatario de alejarse del cargo; es decir, la renuncia.
Mi posición, además de respetuosa de la legalidad, es por consistencia –aunque no es jurisprudencia propiamente dicha, más bien sería un antecedente–: Si el anterior gobierno, con toda su ineptitud, cumplió los cinco años de gestión, ¿por qué habría que abreviar el tiempo del actual?
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Segundo, tampoco respaldo la opción de un posible –que no probable– revocatorio. Me pareció una grosería que ciertos operadores de oposición comenzaran a hablar de esta opción cuando apenas habían transcurrido cuatro meses del nuevo, aunque prematuramente envejecido, régimen.
Eso revela cierta impaciencia por hacerse del poder. La otra razón para no simpatizar con esta “salida” es la económica: no estamos para destinar los escasos recursos públicos a tal consulta; legal, sí, pero, dadas las actuales condiciones, onerosa. Máxime si el resultado es de ratificación –dada la vara de porcentaje que se aplica para lo contrario–. Para que no haya sospechas de parcialización, lo mismo pienso respecto a los gobiernos locales. ¿Estamos condenados?
Ya con pocas esperanzas de un cambio -para bien- profundo, al menos se puede pensar en dos acciones que aminoren el efecto de desgaste que los criterios ya señalados en las evaluaciones del primer año.
En principio, alejar lo más posible –mejor si totalmente– al entorno familiar del Presidente de las decisiones de Estado. Digo, para mis adentros, que a los hijos se les otorgue becas en universidades extranjeras de modo que no se entrometan –y menos den directrices– en la labor de funcionarios que, en su calidad de especialistas, se supone que tienen experticia.
No vendría mal que se extirpe del aparato de imagen y propaganda a los exfuncionarios del régimen masista. Todo hace suponer que aquello de intentar limpiar la mala imagen de la esposa de Rodrigo Paz, haciendo caridad en las comunidades de Esse Ejas, provino de este grupo. El resultado fue exactamente el contrario: la antipatía –por el intento de engaño–hacia la señora Urquidi aumentó exponencialmente. Ni los elegantes “outfits” que lució en España la libraron –otra vez la reacción fue negativa dentro del país– de la repulsa. Precisamente otra acción a asumir es apartar a la primera cónyuge de las responsabilidades político-administrativas, manteniendo su rol como impulsora de acciones sociales, sin frivolidades como la anteriormente referida.
Otra señal para evitar mayor decadencia debe ser la de apartar al entorno que, por ciertos indicios, estaría incurriendo en corrupción. No se trata de caza de brujas, sino de una purga saludable.
Con muestras de este cariz, si es que se las pone en práctica, las medidas estructurales que se pretende aprobar desde 2027 gozarán de algo más de credibilidad.
El tiempo apremia.
Puka Reyesvilla es docente universitario.
