El proyecto plantea beneficios tributarios, regularización de deudas, incentivos para la inversión privada y mayor protección laboral para los deportistas. La iniciativa, que es defendida por el presidente de la FBF, Fernando Costa, generó observaciones de algunos legisladores y abrió una disputa en los últimos días.
La Ley de Incentivo al Deporte se encuentra en el centro de una disputa entre el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, y algunos legisladores. Mientras el dirigente sostiene que la norma permitirá generar mejores condiciones para el desarrollo del deporte boliviano, parlamentarios han expresado observaciones y cuestionamientos sobre diferentes aspectos del proyecto.
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Costa ha defendido públicamente la iniciativa y sostiene que su aprobación permitiría establecer un mecanismo eficaz de apoyo al deporte, tanto desde el sector público como desde el privado. El titular de la FBF afirmó que trabaja en el proyecto desde hace más de cinco años y que su objetivo es beneficiar a miles de deportistas bolivianos.
De acuerdo con la propuesta explicada en la gráfica difundida sobre el proyecto, la ley se estructura en cuatro pilares fundamentales. El primero plantea un Régimen Tributario y Aduanero Deportivo, que contempla una alícuota del 0% en IVA, IUE, IT y RC-IVA, además de exenciones del Gravamen Arancelario y la Tasa de Verificación.
El segundo pilar está relacionado con la regularización y el saneamiento tributario. La propuesta plantea la adhesión a la Ley N.º 1733, del 27 de mayo de 2026, en beneficio de federaciones, asociaciones, clubes, deportistas profesionales, aficionados, paradeportistas y entidades vinculadas, además de mecanismos para regularizar deudas tributarias históricas.
El tercer punto corresponde a la denominada Ley de Mecenazgo Deportivo. La iniciativa busca incentivar la inversión privada en el deporte mediante beneficios tributarios para las empresas patrocinadoras, incluyendo deducciones del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).
El cuarto pilar apunta a la protección laboral y la seguridad jurídica del deportista. La propuesta plantea reconocer al deportista profesional como un trabajador especial, con un régimen adaptado a las características de la actividad deportiva y con mayores mecanismos de protección y seguridad jurídica.
La explicación de la iniciativa también establece que la propuesta no estaría dirigida exclusivamente al deporte profesional, sino que pretende beneficiar a distintas disciplinas deportivas, instituciones, deportistas aficionados y paradeportistas. La intención, según el planteamiento, es generar mejores condiciones para el desarrollo integral del deporte nacional.
Sin embargo, la propuesta ha recibido observaciones de algunos legisladores. El diputado Mario Reinoso cuestionó cuatro aspectos del proyecto y sostuvo que existen preocupaciones relacionadas con lavado de dinero, evasión de impuestos, apuestas ilegales y posibles beneficios para dirigentes que hayan perjudicado económicamente a instituciones deportivas. También afirmó que la iniciativa debería ser consensuada con los diferentes sectores del deporte.
En los últimos días, el debate se intensificó después de que la diputada Sofía Rocha cuestionara el proyecto y planteara dudas sobre posibles riesgos vinculados con el lavado de dinero y las apuestas deportivas. Rocha incluso invitó a Costa a debatir públicamente el proyecto en la Asamblea Legislativa para que el dirigente explique sus beneficios y los legisladores expongan sus observaciones.
Costa, por su parte, rechazó los cuestionamientos y aseguró que las denuncias buscan obstaculizar la aprobación de la Ley de Incentivo al Deporte. El presidente de la FBF negó además cualquier vínculo con actividades ilícitas y anunció acciones legales contra legisladores que lo vincularon con investigaciones relacionadas con el exfiscal Róger Mariaca y Rómer Saucedo.
Así, el proyecto se encuentra ante un escenario de fuerte discusión política. Costa sostiene que la norma puede convertirse en una herramienta para fortalecer al deporte boliviano mediante incentivos tributarios, inversión privada y protección para los deportistas, mientras que sus detractores piden revisar su contenido y despejar las dudas planteadas antes de que avance su aprobación.
