Conservas en lata, falsificadas; champú con imitación de marcas reconocidas; lácteos con etiquetas cambiadas; detergentes y jabones de dudosa procedencia; botellas reutilizadas con etiquetas falsas de famosas bebidas, adulteradas; aceites comestibles de larga tradición mezclados con otras sustancias, son parte de una larga lista de infracciones que dan “gato por liebre” a los consumidores afectando no solamente a su economía y salud, sino también, al país todo.
Hace unos años atrás, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) realizó una investigación que tituló “El negocio de la muerte: comercio informal de medicamentos en Bolivia”, mostrando cómo cierta gente inescrupulosa lucraba con el dolor ajeno vendiendo medicinas contrabandeadas, sin registro médico, ni cadena de frío, en algunos casos, placebos, en otros, productos adulterados, falsificados o que, de medicamento, no tenían nada. Fue una dura llamada de atención a las instituciones públicas involucradas en el tema, por aquel entonces.
Ahora, el IBCE encara una nueva investigación relativa al contrabando y la falsificación, con dos estudios de caso -alimentos envasados y productos de cuidado del hogar, como detergentes, p. ej.- con la mira puesta en garantizar la inocuidad alimentaria, la seguridad de uso del producto, la compra de un bien original, y, la competencia legal y leal para las industrias, importadores y comerciantes legalmente establecidos.
A tal efecto, el IBCE realizó un primer sondeo de percepción ciudadana sobre el contrabando, en septiembre pasado, con reveladores resultados, en tanto que un segundo sondeo, entre el 27 de octubre y 4 de noviembre de 2026, arrojó cifras preocupantes: 7 de cada 10 personas dijeron haber comprado alguna vez un alimento envasado o producto de limpieza creyendo que era original y resultó falso; para un 92% la oferta de productos falsificados aumentó durante el último año, mientras que 96 de cada 100 dijeron temer que consumir alimentos falsificados perjudique su salud o la de su familia. Por tanto, esto no tiene que ver con una disputa comercial entre marcas, sino que lo que se busca es que los alimentos que se pongan en nuestras mesas estén garantizados para su consumo, así como, también, los productos de la limpieza en nuestros hogares.
¿Quién garantiza el contenido de un aceite falso? ¿Alguien responderá si una leche adulterada enferma a un niño? ¿Qué de los químicos de un detergente clandestino? Nadie lo sabe con certeza y, justamente, ahí radica el peligro.
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No son cuestiones imaginarias, la prensa documentó abundante información sobre casos sonados de falsificación en Bolivia -como los referidos en el primer párrafo de esta columna- dando cuenta que los falsificadores se apropian del prestigio ajeno, engañan al consumidor, compitiendo ilegal y deslealmente contra los industriales, importadores y comerciantes formales que, sí o sí, deben cumplir a rajatabla con registros burocráticos, normas sanitarias, pago de impuestos, responsabilidades sociales, etc., bajo el atento ojo de las autoridades.
El sondeo reveló también que, cuando el dinero no alcanza, las familias buscan precios más bajos, reflejado esto por el hecho que, un 70% de los participantes del sondeo reconoció comprar habitualmente alimentos envasados o productos de limpieza en mercados informales o del comercio callejero, buscando ahorrar, sin embargo, se suele cumplir el adagio de que “lo barato cuesta caro”, ya que cerca de la mitad de los encuestados dijo, v. gr., que tuvo daños en su ropa, en su hogar o irritaciones en la piel, porque el producto utilizado resultó ser falsificado. ¿Qué hacer frente a este problema?
Como anticipo a lo que el estudio del IBCE recomendará: Asumir el compromiso de combatir la ilegalidad -gobernantes y gobernados- sería el punto de partida; fortalecer la institucionalidad hacia controles efectivos de las entidades competentes con inteligencia, coordinación y sanciones a quienes lucran con lo falsificado, estaría muy bien; promover una alianza público-privada para compartir información, capacitar a los fiscalizadores y orientar al consumidor, sería importante; asimismo, facilitar la denuncia anónima desde el celular, dado que un 92% dijo estar dispuesto a hacerlo a través de un mecanismo sencillo y seguro; y, comprar responsablemente, verificando el registro sanitario, sello de seguridad y fecha de caducidad, comprando donde haya productos garantizados, p. ej., en los supermercados, como dijo un 76% en el sondeo.
El estudio sobre contrabando y falsificación que el IBCE entregará en breve, apunta a ayudar a comprender que un producto falsificado engaña al consumidor, pone en riesgo su salud, menoscaba su derecho a elegir y afecta a su bolsillo: no podemos resignarnos a que nos vendan una falsedad en una botella, una lata u otro envase, cuando de por medio está la vida, la economía formal y la legalidad.
Para forjar una mejor Bolivia, hay que acabar con esta situación que solo castiga al que trabaja honestamente…
Gary Antonio Rodríguez Álvarez
Economista y Magíster en Comercio Internacional
