El gobierno de Rodrigo Paz está a punto de cumplir su primer año. Un año extraordinariamente difícil, marcado por una herencia económica devastadora, una institucionalidad debilitada y un Estado que, después de años de despilfarro, corrupción y engaños, quedó prácticamente en terapia intensiva. Estos 12 meses de gobierno dejan una huella de lo que se hizo y lo que ensombreció la gestión, lo peor es que se cumplen con falta de fe, ausencia de confianza en la ciudadanía respecto al piloto.
Se puede medir lo que se hizo y lo que faltó, pero en el imaginario están los audios filtrados y las sombras de un uso indebido del poder en el círculo rojo.
El déficit fiscal, la parálisis económica provocada por un dólar artificialmente barato, la escasez de divisas y el desangramiento de las empresas estatales, presentadas durante años como la salvación del país, configuraron un escenario extremadamente complejo. Gobernar en esas condiciones no era ni es una tarea sencilla.
En ese contexto, el gradualismo del Gobierno fue objeto de críticas. Se perdió, posiblemente, la oportunidad de adoptar decisiones más drásticas cuando todavía existía un respaldo ciudadano que podía facilitar su implementación. Finalmente, la fuerza de las circunstancias terminó imponiéndose sobre los tiempos políticos.
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La escasez de combustibles obligó a eliminar la subvención del diésel y reducir parcialmente la de la gasolina. También se avanzó hacia un régimen cambiario variable, en el que el valor del dólar responda a las condiciones de oferta y demanda. Fueron decisiones importantes, aunque insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
En el frente político, el gobierno tuvo que enfrentar que sectores opositores mantuvieran paralizado el occidente del país durante 53 días, mediante un bloqueo que provocó enormes pérdidas económicas y perjuicios a miles de ciudadanos. La amenaza de nuevos conflictos sigue latente. La gobernabilidad continúa siendo una asignatura pendiente.
En seguridad y lucha contra el crimen organizado, la captura de Sebastián Marset constituye uno de los hechos más relevantes de esta gestión. A ello se suma el descubrimiento de presuntas redes de corrupción que comprometen al Ministerio Público, al Órgano Judicial y a otros espacios del Estado.
Sin embargo, sería ingenuo desconocer que estos avances también estuvieron acompañados por la presión y la cooperación de otros gobiernos, particularmente en un contexto en el que Bolivia se había convertido en un territorio extraordinariamente permeable al narcotráfico y a las estructuras del crimen organizado.
Hasta aquí, hay decisiones y resultados que deben reconocerse. Falta muchísimo, por supuesto. El país necesita un presidente más determinante, capaz de tomar decisiones contundentes y eficaces en economía, seguridad, justicia y gestión pública.
Pero hay algo que amenaza con opacar incluso los avances de este primer año: el entorno presidencial y, particularmente, el papel que habría desempeñado el asesor Fernando Cerimedo, cuyos vínculos y actuaciones comienzan a quedar expuestos a través de una serie de audios filtrados.
Algunos de autenticidad cuestionada; otros, difundidos y sometidos a verificación por medios de comunicación especializados.
Las preguntas son inevitables y el presidente no puede eludirlas.
¿Por qué Rodrigo Paz depositó tanta confianza y poder en una persona cuya relación con el país y con el propio Gobierno necesita ser explicada?
¿Quién propició su llegada y su influencia? ¿Fue una decisión presidencial o hubo presiones externas e internas para incorporarlo al círculo más cercano al mandatario?
Y hay preguntas todavía más delicadas. Si se confirma la autenticidad de los audios, ¿considera el presidente aceptable que su esposa intervenga en asuntos de Estado? ¿Es admisible que la hija del mandatario pretenda influir en decisiones de personal y que se produzcan presiones o enfrentamientos cuando sus exigencias no son atendidas? ¿Dónde termina el ámbito familiar y dónde comienza la responsabilidad institucional de gobernar?
No se trata de cuestiones menores ni de asuntos privados cuando están en juego el manejo del poder, las decisiones públicas y la institucionalidad del Estado. La Presidencia no es un patrimonio familiar ni el gobierno puede funcionar como una extensión de los intereses de quienes forman parte del entorno del mandatario.
Es indiscutible que cualquier persona que hubiera asumido el poder en noviembre pasado habría enfrentado un escenario extraordinariamente adverso. Pero una cosa es la dificultad de gobernar un país en crisis y otra muy distinta es permitir que la credibilidad del gobierno se desgaste por hechos que exigen explicaciones urgentes.
Lo reprochable no es solamente que aparezcan estas denuncias y filtraciones. Es la falta de una respuesta contundente, de aclaraciones transparentes y, sobre todo, de señales inequívocas de que cualquier indicio de corrupción será investigado, sin importar quién esté involucrado ni qué tan cerca se encuentre del presidente.
Rodrigo Paz tiene todavía tiempo para corregir el rumbo. Es apenas el primer año. Pero gobernar Bolivia exige mucho más que administrar la emergencia económica o resistir la presión de los sectores políticos. Exige autoridad, transparencia, independencia y una voluntad real de enfrentar la corrupción, incluso cuando esta pueda estar instalada en el propio entorno presidencial.
Casi la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza. Millones de bolivianos necesitan empleo digno, estabilidad, oportunidades y, sobre todo, razones para volver a creer en el país y en sus instituciones.
Ese es el verdadero desafío de Rodrigo Paz. No basta con sacar a Bolivia de la terapia intensiva. También tiene que evitar que quienes lo acompañan en el ejercicio del poder terminen convirtiéndose en parte de la enfermedad.
Mónica Salvatierra es periodista.
