Comprender el origen del problema para encontrar el camino hacia la solución

No podemos permitir que la miopía, la complicidad o los intereses particulares que pudieran existir en las altas esferas de las instituciones del Estado nos desvíen del análisis profundo que necesitamos para identificar las verdaderas causas de la situación que atraviesa Bolivia. Una crisis que muchos ciudadanos perciben como un estado de deterioro institucional y moral aparentemente imposible de revertir.
Tenemos la obligación de resistir una peligrosa creencia: que la mayoría de nuestra gente es corrupta, que la sociedad tolera el narcotráfico y otras actividades ilícitas porque no tiene alternativa o porque constituyen un mal necesario. Aceptar semejante razonamiento sería renunciar a nuestra dignidad como sociedad y, sobre todo, a la posibilidad de construir un futuro diferente.
Debemos reconocer la responsabilidad directa e implícita que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS) por sus actuaciones durante aproximadamente veinte años en el ejercicio del poder. Sin embargo, atribuir exclusivamente a ese período el origen de la actual crisis multidimensional, particularmente la crisis moral e institucional, sería incurrir en una simplificación histórica.
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El narcotráfico tiene en Bolivia una trayectoria de más de medio siglo, con períodos de mayor o menor intensidad. Por tanto, limitar su origen y desarrollo a los últimos veinte años supone desconocer antecedentes históricos y responsabilidades que merecen ser investigados con objetividad.
Pero el análisis tampoco puede limitarse a nuestras fronteras.
El narcotráfico es un fenómeno transnacional, sostenido por una compleja cadena de producción, financiamiento, transporte, distribución y comercialización. Responsabilizar exclusivamente a los países productores de hoja de coca y pasta base de cocaína, ignorando a quienes financian, transportan, distribuyen y comercializan las drogas en los grandes mercados internacionales, es ofrecer una explicación incompleta de un negocio que mueve enormes cantidades de dinero.
Detrás de esta actividad existen organizaciones criminales y redes financieras que operan internacionalmente, acumulan poder económico y buscan infiltrarse en estructuras políticas, judiciales, policiales y empresariales. Su capacidad de corrupción no reconoce fronteras y constituye una amenaza directa para la democracia y el Estado de derecho.
Es precisamente aquí donde debemos detenernos a reflexionar sobre el verdadero alcance del poder. El poder real no siempre está en quienes ocupan formalmente los cargos públicos. También puede estar en quienes, desde las sombras, disponen de recursos económicos, controlan redes ilegales, compran voluntades e influyen en decisiones que deberían responder exclusivamente al interés colectivo.
Esta realidad no es exclusiva de Bolivia. La penetración de organizaciones criminales en instituciones públicas constituye un riesgo internacional que exige cooperación, investigación y respuestas coordinadas.
Llama la atención que parte del debate político y académico se limite a señalar las responsabilidades del último período gubernamental, sin profundizar suficientemente en los antecedentes históricos, las condiciones estructurales y las conexiones internacionales que han permitido que estas actividades se reproduzcan durante décadas.
No se trata de relativizar responsabilidades ni de buscar culpables fuera del país para justificar nuestras propias deficiencias. Se trata de comprender que una problemática de esta magnitud exige una mirada integral, sin exclusiones ni intereses partidarios.
La necesidad urgente de la Reforma de la Administración de Justica, que priorice la renovación absoluta e independencia. Es imprescindible proteger a los operadores de justicia contra la corrupción, brindándoles mejores condiciones laborales, un buen seguro de salud y planes de vivienda.
Por nuestro lado, necesitamos una ciudadanía activa, organizada y vigilante, capaz de ejercer los derechos de participación y control social que reconoce nuestra Constitución. La indiferencia y la pasividad terminan dejando los espacios de decisión en manos de quienes pueden utilizarlos en beneficio propio.
La situación a la que hemos llegado no es producto de un solo gobierno ni de una sola generación. Es el resultado de una acumulación de debilidades institucionales, complicidades, omisiones y conductas que han ido deteriorando nuestra convivencia y confundiendo los límites entre lo correcto y lo incorrecto.
Por eso, esta reflexión pretende ir más allá de la denuncia. Busca provocar un debate nacional, amplio y desideologizado, que nos permita comprender el origen de nuestros problemas y asumir responsabilidades compartidas.
El verdadero desafío no consiste solamente en cambiar a quienes ejercen el poder, sino en impedir que las estructuras ilegales y los intereses particulares terminen apropiándose de las instituciones que pertenecen a todos los ciudadanos.
Recuperar el poder del Estado para ponerlo al servicio de la sociedad, dignificar al ser humano y restablecer los valores que hacen posible una convivencia civilizada debe convertirse en una causa nacional.
No podemos resignarnos a que las mafias tengan más poder que las instituciones, ni permitir que nuestros hijos y nietos hereden una sociedad sometida a la corrupción, la violencia y la impunidad.
Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Pero para lograrlo debemos comenzar por comprender la dimensión del problema, recuperar nuestra responsabilidad ciudadana y actuar con decisión.
La dignificación del ser humano y la recuperación moral de nuestra sociedad no son una utopía: son una obligación con las futuras generaciones.
Fernando Crespo Lijeron