Afirman que todos los cuestionamientos sobre el sistema de justicia boliviano son producto de varios años de presiones y maniobras políticas para direccionar su proceder con fines personales y partidarios. Reiteran que solo una reforma profunda del aparto judicial, además de un cambio en los administradores de justicia, logrará revertir la situación de crisis institucional en el Órgano Judicial. Reprochan que exautoridades expresen críticas a la justicia y la economía del país, después de haber sido parte del manoseo al sistema judicial y el despilfarro de recursos provenientes de la venta de hidrocarburos.
Fuente: El Diario
Luego que el exvicepresidente Álvaro García Linera confirmó haber recibido asilo en México, la senadora por la alianza Libre, Tomasa Yarhui, afirmó que el estado de la justicia y la actual crisis económica es responsabilidad del “masismo”; además, cuestionó que se haya permitido a la exautoridad salir del país sin ningún tipo de control o medida para garantizar su comparecencia ante estrados judiciales.
“Son ellos los que han destruido la justicia y la han tomado para su beneficio personal y partidario, es por eso que la justicia está totalmente podrida. Si el primer hombre de la justicia boliviana está involucrado en supuestos casos de corrupción y narcotráfico, además de varios de sus colaboradores, ya no podemos confiar en una justicia que no está a la altura de las necesidades del país”, sostuvo Yarhui en conferencia de prensa.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En criterio de la legisladora representante del departamento de Chuquisaca, si actualmente el sistema de justicia boliviano es duramente cuestionado por la población, es producto de varios años de presiones y maniobras políticas para direccionar su proceder, tiempo en el que Evo Morales, Álvaro García y el “masismo” manipularon la justicia para fines partidarios.
Advirtió que solo una reforma profunda del aparto judicial, además de un cambio en los administradores de justicia, logrará revertir la situación de crisis institucional en el Órgano Judicial, para ello se requiere voluntad política por parte de legisladores, autoridades y la propia ciudadanía.
En ese marco, Yarhui cuestionó que García Linera exprese críticas respecto a la justicia y la economía del país, asegurando que la exautoridad no tiene “ningún tipo de moral para manifestarse de esa forma”, más si se toma en cuenta que fue durante los gobiernos del MAS que se maleó el sistema judicial y despilfarraron los recursos provenientes de la venta de hidrocarburos.
“No sé de qué se queja este señor, cuando fueron ellos los que han hecho que ahora vivamos las consecuencias del socialismo. Ellos (Evo Morales y Álvaro García) deben responder por todo lo robado y por todo lo gastado irresponsablemente”, aseguró la legisladora, reprochando que exautoridades y la dirigencia “masista” se hayan enriquecido a nombre de los pobres y ahora fuguen del país para evitar responder por sus actos.
El jueves, en declaraciones a DTV, el exvicepresidente Álvaro García Linera confirmó que se encuentra en México, país que, según sus declaraciones, le concedió asilo político y residencia permanente.
García detalló que se encontraba en Argentina dictando clases en universidades, cuando se enteró de la proposición acusatoria en su contra, por lo que decidió trasladarse a México para solicitar protección.
Asegurando no confiar en la imparcialidad de la justicia boliviana, la exautoridad afirmó que el poder político influye en las decisiones judiciales, lo que hace que el sistema esté destruido y subordinado.
“¿En manos de quién voy a estar?”, dijo.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se informó que, a través de los canales diplomáticos correspondientes, se solicitó información oficial al gobierno mexicano respecto a esta posibilidad, a fin de conocer los alcances jurídicos de dicha determinación, en caso de haberse concretado.
Cancillería puntualizó que Bolivia y México tienen vigente, desde 2010, un Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, que establece mecanismos de colaboración entre ambos Estados para determinadas actuaciones judiciales y fiscales, por lo que una eventual concesión de asilo político no supone la suspensión de las investigaciones fiscales ni de los procesos judiciales iniciados en territorio boliviano.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de Autoridad Central conforme a la Ley 465, canaliza las solicitudes de cooperación internacional que formulen las autoridades competentes, de acuerdo con los instrumentos internacionales y la normativa aplicable (…) En consecuencia, la Cancillería continuará cumpliendo su función de facilitar y canalizar la cooperación jurídica internacional que legalmente corresponda, con respeto a la soberanía de los Estados, la independencia de la justicia y las garantías del debido proceso”, se señaló.
Para Yarhui, la Cancillería debe explicar por qué se dejó salir del país a una exautoridad altamente cuestionada y con serios indicios de haber incurrido en actos de corrupción durante varios años. “Todo lo que se ha destruido en el Órgano Judicial, ahora lo estamos viviendo gracias al ciclo del Movimiento al Socialismo en el poder. Todo eso se debe investigar y los responsables deben responder ante la justicia”, finalizó.
Fuente: El Diario
