Urioste señaló que el exvicepresidente debe comparecer ante la convocatoria judicial por el caso Hotel Las Américas.
El exvicepresidente Álvaro García Linera. Foto: RRSS
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, advirtió que el exvicepresidente Álvaro García Linera podría ser declarado en rebeldía si no comparece ante las convocatorias de la Justicia por el caso Hotel Las Américas.
“Si ha salido del país, se va a proceder conforme a ley. Si no se presenta a las audiencias que se ha convocado, obviamente implica la declaratoria de rebeldía”, afirmó la autoridad.
Urioste explicó que esa determinación conlleva consecuencias jurídicas y restricciones para la persona declarada rebelde. Entre las medidas mencionó la posibilidad de activar una alerta internacional y limitar su desplazamiento.
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“La rebeldía implica una serie de consecuencias jurídicas, sello rojo, prohibición de tránsito, una serie de medidas que se toman a partir de la declaratoria de rebeldía”, señaló.
También advirtió que, conforme al procedimiento, podrían emitirse órdenes de aprehensión si García Linera incumple las citaciones.
La advertencia se produjo después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera una proposición acusatoria contra García Linera y el expresidente Evo Morales.
La denuncia fue presentada en octubre por legisladores de la alianza Libre y busca establecer la presunta responsabilidad de ambas exautoridades en los hechos de 2009.
El TSJ dispuso la apertura de una etapa preliminar de investigación con un plazo de 30 días. Además, instruyó a los tribunales departamentales de Justicia de La Paz y Cochabamba gestionar las notificaciones a los exmandatarios en sus domicilios reales, en un periodo de entre 48 y 72 horas.
El caso se remonta al operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra. Durante la intervención murieron tres ciudadanos extranjeros y otras dos personas fueron detenidas.
El hecho dio lugar a una investigación por presunto terrorismo y derivó en una prolongada controversia judicial y política.
La nueva proposición acusatoria apunta a establecer posibles responsabilidades de Morales y García Linera por los hechos registrados durante ese operativo.
La investigación se encuentra en una fase preliminar y la Fiscalía deberá definir, dentro del plazo establecido, si corresponde avanzar hacia un eventual juicio de responsabilidades o emitir otra resolución.
