Gobernación cruceña denuncia que grupos armados avasallan tierras en la Chiquitania


El secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, denunció que el investigado José Luis Medina continúa operando pese a tener una orden de aprehensión pendiente desde 2024.

Fuente: Red Uno

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez



José Luis Medina Bellido, investigado por presuntos avasallamientos, tráfico de tierras y amenazas, tiene una orden de aprehensión pendiente de ejecución desde 2024.

Así lo afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, coronel Jorge Santistevan, quien denunció que el investigado operaría con un grupo armado en diferentes sectores de Santa Cruz.

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“Ha organizado un pequeño grupo de sicarios avasalladores y que hasta el día de hoy tiene una orden de aprehensión de hace más de dos, cerca de tres años y no lo aprehenden”, manifestó la autoridad, al cuestionar que la orden judicial todavía no se haya ejecutado.

Santistevan sostuvo que Medina estaría involucrado en el tráfico de tierras y aseguró que habría entregado terrenos a comunidades a cambio de dinero. Según su denuncia, se habrían comercializado alrededor de 150.000 hectáreas.

También describió una forma de desplazamiento con siete vehículos de escolta, maquinaria pesada para abrir caminos y personas que portarían armas de fuego para intimidar a los comunarios.

El secretario departamental advirtió que estas actividades afectarían territorios indígenas y bosques de la Chiquitania, entre ellos la Tierra Comunitaria de Origen Monteverde.

Asimismo, vinculó a estos grupos con el estaqueado previo al reciente incendio en Taperas y afirmó que estarían preparando nuevas ocupaciones de tierras mientras avanzan en otros sectores. Estas acusaciones deberán ser investigadas por las instancias correspondientes.

“Hay que investigarlo y hay que detenerlo por ese motivo”, expresó, al mencionar presuntos pagos irregulares a funcionarios de la ABT, policías y el Ministerio Público.

La autoridad explicó que los operativos contra los avasallamientos requieren la intervención coordinada de la Fiscalía, la Policía y un juez agroambiental, además de la participación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Sostuvo que los grupos utilizarían armas obtenidas presuntamente en el mercado negro y mencionó fusiles que podrían ser AR-15 y pistolas de 9 milímetros. Ante este escenario, pidió ejecutar un operativo especial en la Chiquitania.