Medioambiente. Las inspecciones identificaron desmontes en esta zona de protección del río Piraí y darán paso a acciones administrativas y legales contra las urbanizaciones involucradas.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
La Gobernación de Santa Cruz, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, iniciará procesos administrativos y legales contra las urbanizaciones identificadas por la tala de árboles en el cordón ecológico del río Piraí, donde las inspecciones detectaron 65 hectáreas afectadas. Las acciones buscan resguardar esta área natural ante el riesgo de inundaciones asociado a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
El subgobernador de la provincia Andrés Ibáñez, Federico Morón, informó que los desmontes fueron identificados durante inspecciones realizadas en el cordón ecológico, también conocido como BP1 o llanura de inundación. Explicó que esta franja cumple una función de protección para la ciudad frente a las crecidas del río, por lo que advirtió sobre el riesgo que representan tanto la tala de árboles como los nuevos asentamientos y proyectos inmobiliarios en el sector.
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A partir de los resultados de las inspecciones ambas instituciones avanzan en una auditoría jurídica, técnica y ambiental para establecer la situación legal de los terrenos e identificar a sus propietarios. En función de los resultados, se determinarán las acciones correspondientes, que podrían incluir procesos penales, desalojos y la restauración de las áreas intervenidas.
Morón señaló que también se actuará contra nuevas urbanizaciones que pretendan obtener licencias ambientales para desarrollar actividades inmobiliarias en zonas donde no está permitida la construcción.
“El cordón ecológico es la muralla de los cruceños ante eventos climatológicos como el turbión del 83”, manifestó el subgobernador, al referirse a la importancia de conservar esta barrera natural frente a posibles crecidas extraordinarias del río Piraí.
La Gobernación gestiona ante la CAF un financiamiento de Bs 379 millones para ejecutar obras de protección contempladas en la fase seis del Servicio de Encauzamiento de Ríos. Los recursos permitirían resguardar a 24 municipios, de los cuales 10 cuentan actualmente con posibilidades de financiamiento a través del Gobierno nacional y el Viceministerio de Recursos Hídricos.
La gestión busca completar los recursos necesarios para ampliar la protección a las poblaciones expuestas.