El proyecto ingresará al Legislativo después de una etapa de socialización en los nueve departamentos. La propuesta incluye una reestructuración institucional y la creación de una entidad contra la minería ilegal
Conferencia de prensa del ministro Calderón sobre los avances del Código Minero
El Gobierno prevé presentar el proyecto del nuevo Código Minero ante la Asamblea Legislativa a fines de noviembre, una vez que avance su proceso de socialización con diputados, senadores y representantes de los diferentes departamentos del país, informó el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla.
La autoridad explicó que el Ministerio ya cumplió una primera etapa de presentación ante legisladores, quienes acompañarán la difusión de la propuesta normativa en sus respectivas regiones, con el propósito de que conozcan su contenido y alcances.
«Esperamos que a fines de noviembre esté en la Asamblea para su aprobación», afirmó Calderón de la Barca durante una rueda de prensa.
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Entre los principales cambios que plantea el proyecto figura una reestructuración institucional del sector minero, que contempla reorganizar las funciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).
Código minero
La propuesta también incorpora la creación de una entidad denominada Quepromin, que tendrá como misión combatir la minería ilegal y el juqueo. Para financiar sus operaciones, el Gobierno plantea destinarle el 15% de las recaudaciones de la AJAM y otro 15% de los ingresos del Senarecom.
«Necesitamos instituciones fuertes. Esta institución tiene que tener presupuesto para luchar contra el bien ilegal, contra los jucos», sostuvo el ministro.
Además, explicó que la nueva entidad podrá monetizar maquinaria, equipos y minerales decomisados para generar recursos que fortalezcan sus operaciones.
El ministro señaló que el proyecto requiere una explicación técnica más amplia debido a los cambios en la estructura y las competencias de las instituciones que regulan la actividad minera.
