El presidente paraguayo renunció, pero el Congreso rechazó y le abrió juicio político. La salida de Santiago Peña abre interrogantes sobre la continuidad de la agenda bilateral. La Hidrovía, el corredor bioceánico y las inversiones pueden verse afectados por la incertidumbre y la pérdida de confianza
La intervención de Ueno Bank y el juicio político abierto contra Santiago Peña – que luego de que no se aceptara su renuncia continuará como presidente para enfrentarlo – convierten una crisis financiera paraguaya en un asunto de interés regional. Para Bolivia, el impacto potencial va más allá de la relación política entre dos presidentes que habían construido una estrecha cercanía personal (estudiaron juntos en Madrid): están en juego proyectos de infraestructura, comercio y conectividad que buscan acercar la producción nacional a los mercados del Atlántico y del Pacífico.
Peña anunció su renuncia este jueves, poco después la Cámara de Diputados la rechazó y aprobó la apertura del juicio político en su contra que confirmó el Senado y Peña decidió continuar y defenderse. La crisis estalló tras la intervención de Ueno Bank, un banco del que Santiago Peña fue accionista hasta el año pasado – dos años después de alcanzar la presidencia en 2023 -, y cuyo índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido. La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes y administraba alrededor de 850 millones de dólares en depósitos públicos luego de que se captaran buena parte de los depósitos de los jubilados.
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Una relación política con agenda económica
Rodrigo Paz y Santiago Peña habían mostrado una sintonía política poco habitual en la relación bilateral reciente. Peña asistió a la posesión de Paz en noviembre de 2025 y ambos acordaron impulsar la cooperación en infraestructura, energía y comercio. En junio de 2026, durante la cumbre del Mercosur en Asunción, volvieron a reunirse y definieron tres ejes: la Hidrovía Paraguay-Paraná, la consolidación de URUPABOL en el Río de la Plata y el Corredor Bioceánico que conectaría Paraguay con Chile atravesando territorio boliviano.
El efecto sobre los negocios y el crédito
La caída de Ueno también plantea una advertencia para empresas bolivianas que operan, comercian o mantienen relaciones financieras en Paraguay. A septiembre de 2026, la entidad concentraba cerca del 9% de los depósitos y el 8% de los préstamos del sistema bancario paraguayo, según datos citados por Moody’s. La calificadora advirtió que empresas con depósitos superiores a la cobertura del seguro podrían afrontar demoras o pérdidas, dependiendo del valor que se recupere de los activos del banco.
El regulador paraguayo sostiene que se trata de un caso particular y que el procedimiento busca proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera. Moody’s considera que el contagio al resto del sistema podría mantenerse limitado si la resolución se realiza de forma ordenada. No obstante, la crisis puede provocar una revisión más estricta de riesgos, garantías y relaciones con entidades financieras paraguayas.
Para los negocios bolivianos, eso podría traducirse en mayor cautela al abrir cuentas, obtener créditos, transferir fondos o cerrar operaciones con contrapartes locales. Las empresas que tengan depósitos, pagos pendientes o líneas de financiamiento con Ueno deberán verificar sus exposiciones y los mecanismos legales para recuperar sus recursos. También podrían registrarse mayores exigencias de documentación y garantías en las operaciones con otros bancos, al menos mientras se despejan las dudas sobre la supervisión financiera.
Una señal para los capitales bolivianos en el exterior
El caso adquiere relevancia en un momento en que crecen los depósitos de empresas bolivianas fuera del país sin que el gobierno pueda evitarlo. El Banco Central de Bolivia reportó que esos recursos pasaron de 615 millones de dólares en 2024 a 890 millones en 2025, un aumento del 44,5%. Hidrocarburos concentraba el 39% de esos depósitos; manufactura e intermediación financiera, el 16% cada una.
Sin embargo, el BCB no identifica los países de destino, por lo que no es posible afirmar que esos recursos estén en Paraguay ni en Ueno Bank. La cifra sí muestra la importancia de conocer dónde se colocan los recursos empresariales y qué riesgos asumen. La crisis paraguaya no prueba que haya capital boliviano comprometido, pero refuerza la necesidad de transparencia sobre jurisdicciones, bancos corresponsales y exposición de empresas nacionales en el exterior.
El “brillante” modelo paraguayo, bajo la lupa
El principal efecto regional podría ser reputacional. Paraguay había buscado posicionarse como destino atractivo para inversiones, apoyado en estabilidad macroeconómica, reglas tributarias competitivas y crecimiento. La crisis de una entidad que captó fondos públicos y privados, sumada a la salida de Peña y al cuestionamiento de la supervisión financiera, obliga a las autoridades a demostrar que el sistema puede resolver el problema sin trasladar costos injustificados a ahorristas y contribuyentes.
La controversia también puede elevar temporalmente la cautela de inversores que evalúan instalarse o ampliar operaciones en Paraguay. No necesariamente supone una fuga de capitales ni un deterioro generalizado del sistema bancario, pero sí coloca bajo escrutinio la transparencia de las instituciones, la independencia de los organismos reguladores y la relación entre el poder político y los grupos empresariales.
Para Bolivia, el desenlace tendrá dos dimensiones. La primera es política: Paz deberá reconstruir la interlocución con el Gobierno que surja de la crisis. La segunda es económica: proteger la continuidad de los proyectos de integración y evaluar con rigor cualquier exposición financiera de empresas nacionales en Paraguay.
La relación bilateral no se sostiene únicamente en la amistad entre dos presidentes. Su solidez dependerá de que los acuerdos tengan respaldo técnico, financiamiento identificado, cronogramas y compromisos institucionales. La crisis de Ueno pone a prueba esa capacidad. Para los empresarios bolivianos deja una lección inmediata: la oportunidad de operar en el mercado paraguayo sigue existiendo, pero la evaluación del riesgo financiero y político ya no puede darse por descontada.
