Por Ricardo V. Paz Ballivián
La actual crisis institucional y de seguridad que atraviesa Bolivia no representa una simple coyuntura burocrática ni un conjunto de escándalos aislados. En realidad, representa el colapso sistémico del modelo de administración de justicia y del pacto de convivencia estatal. La constatación de que la hasta hace poco cabeza del Ministerio Público (el ex fiscal general del Estado, Roger Mariaca) se encuentre procesado y preso, y que el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Romer Saucedo) haya fugado al exterior y que ahora exista una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico y criminalidad organizada, evidencia que el Estado boliviano está en la fase terminal de un proceso avanzado de cooptación por economías ilícitas.
El procesamiento del ex fiscal general y la orden de captura contra el ex presidente del TSJ confirman lo que la sociedad civil y diversos sectores venían advirtiendo a viva voz, que las altas esferas de la justicia operaban, en muchos casos, como una maquinaria de protección para redes de lavado de dinero y narcotráfico transnacional (con ramificaciones visibles en casos de alto impacto como el de Sebastián Marset). Parte importante del sistema judicial dejó de ser un árbitro imparcial para convertirse en un eslabón logístico y de impunidad del crimen organizado, donde las órdenes de aprehensión se filtraban, los consorcios jurídicos dictaban sentencias a medida y los bienes incautados al narcotráfico terminaban reciclados para uso discrecional.
La descomposición de importantes sectores del aparato judicial tiene un correlato directo en las calles. La inseguridad ciudadana en Bolivia, tradicionalmente percibida como un país de menor incidencia violenta en comparación con otras naciones de la región, ha mutado hacia dinámicas de sicariato, ajustes de cuentas y crímenes por encargo a plena luz del día. Esto ocurre porque el crimen organizado no teme a la ley. Cuando algunos fiscales y jueces transan con la delincuencia, el monopolio de la fuerza se debilita, la policía queda fragmentada entre la depuración y la complicidad, y el ciudadano de a pie queda totalmente desprotegido ante la ley del más fuerte.
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El Órgano Judicial boliviano arrastraba una crisis crónica de legitimidad desde la implementación de la elección popular de magistrados (un mecanismo politizado que fracasó en su intento de democratizar la justicia). Sin embargo, el escenario actual supera el desprestigio, ya que nos encontramos ante la acefalía moral del Estado. La huida de autoridades judiciales al exterior y el autogobierno de mafias internas destruyen la confianza pública en la democracia representativa, alimentando un clima de descontento generalizado.
Para superar esta crisis terminal, los paliativos cosméticos o los simples reemplazos de nombres en la cúpula judicial son inútiles. Se requiere una intervención estructural basada en cuatro ejes estratégicos: a) creación de una suerte de comisión especial de saneamiento judicial, respaldada por un gran acuerdo político nacional y con acompañamiento técnico de organismos internacionales (como la OEA y/o relatorías de la ONU), dotada de facultades para suspender, investigar y procesar de manera abreviada a cualquier funcionario judicial o fiscal sospechoso de corrupción o nexos con el narcotráfico, b) una auditoría forense externa e inmediata a los sistemas de asignación de causas y órdenes de aprehensión (como el sistema ROMA) para cortar los nexos informáticos entre operadores de justicia y redes criminales, c) reforma constitucional exprés para la despolitización de la carrera judicial que derogue el sistema de elección de altas autoridades judiciales por sufragio popular tutelado por partidos políticos o asambleas legislativas polarizadas y d) creación de tribunales anticorrupción y de crimen organizado con protección internacional.
La justicia se nos muere en Bolivia y debemos ingresarla de inmediato a terapia intensiva, antes que se contagie todo el sistema institucional y periclite todo lo construido en estos casi 45 años de vida democrática.