Cuando analizamos o pensamos en nuestra democracia, creemos que la misma posee una estructura constitucional básica: es el gobierno de la mayoría que está equilibrado por el Estado de derecho. Sin embargo, este equilibrio es objeto de debate. La cuestión fundamental es quién, en nombre del pueblo, debe gobernar: ¿los políticos, los jueces o un puñado de burócratas? Lo cierto es que también priman conflictos de principios y jurisdicciones, de sometimientos o irrespeto a la independencia de estructuras, y estas características permanentes parecen defectos del sistema democrático. Como sistema operativo, la democracia es un concierto improvisado de fuentes de poder en constante evolución y en continua competencia. Esta capacidad de confrontación es una fortaleza crucial, una fuente clave de la adaptabilidad de la que carecen los sistemas autoritarios. La determinación democrática plantea un debate interminable sobre qué es la democracia. ¿Gobierno de la mayoría o derechos de las minorías? ¿Voluntad del pueblo o contrapesos? ¿Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o, un sistema de control del poder para garantizar la libertad de las personas? ¿Democracia liberal o democracia mayoritaria? Hasta hoy estas cuestiones no están resueltas.
Para mantener su funcionamiento normal, una democracia, no se detiene en conflictos de principios fundamentales, a cambio, reproduce su legitimidad por medio de los votantes de forma periódica. Cuando el sistema funciona como debe, todos los actores, en sus respectivos roles, cumplen con sus funciones, respetan las prerrogativas de los demás, se mantienen al margen de los asuntos ajenos y, cuando surgen conflictos, como ocurre normalmente, aceptan una solución política o legal. Sin embargo, una y otra vez, la legitimidad de la democracia se pone en entredicho. Los poderes del Estado chocan. Los conflictos de principios, generalmente reprimidos en el funcionamiento normal del sistema, afloran al debate político. Disposiciones constitucionales establecidas se ven cuestionadas. Las instituciones no logran adaptarse y se convierten en fuente de descontento con el sistema en su conjunto. Cuando la legitimidad de la democracia se cuestiona, la reforma es la respuesta; surgen grupos de interés que impulsan el cambio y, con el tiempo, se reescriben las constituciones, se redefinen los equilibrios institucionales, se retiran o renuevan las instituciones antiguas y se mejora la legitimidad general de la democracia.
En tiempos normales, debatimos sobre qué es democrático y qué no, y luego aceptamos, más o menos voluntariamente, una resolución legal o política del problema. Competimos por el poder, pero no cuestionamos la legitimidad democrática de nuestros oponentes. Aceptamos, a veces a regañadientes, que nuestro oponente respeta las reglas y acepta el resultado de las elecciones, gane o pierda. Esta no es la situación actual, las propias reglas de la democracia están en entredicho y el compromiso del sistema político con estas reglas está lejos de cumplirse. De alguna manera, siempre logramos que la democracia misma está en juego. El objetivo es que pueda la democracia sobrevivir a tiempos de raquitismo político, no por culpa del sistema, sino de los propios actores.
La democracia se basa en la posibilidad de la persuasión. Se trata de convencer a los oponentes y forjar alianzas con quienes discrepan. El sistema funciona cuando consideramos a los oponentes no como enemigos, sino como adversarios. Un adversario simplemente busca derrotarnos y podría convertirse en nuestro aliado mañana. Por el contrario, considerar al oponente como un enemigo de la democracia imposibilita la persuasión y, a largo plazo, puede resultar peligroso para la propia democracia. Nuestras nuevas élites, ahora en el poder, desconfían entre sí y, además, desconfían activamente de las antiguas. Nuestra democracia se estabiliza mediante complejos equilibrios institucionales e hipocresías organizadas, y se sostienen gracias a la poca o débil confianza tácita entre las élites políticas. Estamos permanentemente renegociando todos estos equilibrios para una supuesta nueva era. Cuando el tema central de una elección está lejos de responder al compromiso prometido, la polarización puede resultar letal para el propio sistema que dicen defender. Es evidente que la democracia funciona mejor cuando responde al resultado de las urnas y cuando la legitimidad democrática de los actores no se pone en duda. La democracia no va a funcionar con normalidad cuando sus reglas se convierten en el principal punto de disputa política. Estamos en el punto en que cada bando afirma que el otro representa una amenaza para la democracia y ninguno confía en que las instituciones democráticas regulen la disputa.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En cada uno de los casos, todos son auténticos demócratas, pero a la larga son como los incipientes autoritarios que utilizan el lenguaje de la democracia para justificar sus acciones. La democracia es un legitimador que no discrimina, eso puede ser que le dé mala fama, sin embargo, es la única fuente de legitimidad que queda en el mundo actual. Incluso los más autoritarios han necesitado de unas elecciones fraudulentas para dar a la autocracia la ilusión de aprobación democrática. Así pues, tanto demócratas como autoritarios utilizan su poder legitimador para servir a fines opuestos. El autoritarismo es una tentación y un peligro precisamente porque a menudo se presenta disfrazado de democracia. En tiempos normales, la democracia no reproduce su legitimidad mediante la retórica, sino a través de su funcionamiento rutinario. Sin embargo, en tiempos de crisis política, el sistema, incluso funcionando correctamente, no logra restaurar la fe en la democracia. Si pudiéramos derrotar a los enemigos de la democracia en las urnas de una vez por todas, todo estaría bien, todos queremos creer que el populismo autoritario es la crisis democrática y que esta se puede resolver con su derrota electoral. Del otro lado consideran que los populistas autoritarios son en realidad demócratas que piensan que las élites profesionales políticas, son la amenaza para la democracia. Veremos qué pasa cuando acabe el estado de excepción.
Mgr. Fernando Berríos Ayala/Politólogo