La nueva administración de AISEM dice que “no ha recibido presiones” para la contratación de personal


El pronunciamiento de la AISEM surge en medio de denuncias de presuntas presiones de algunos parlamentarios para la contratación de personal

La nueva administración de AISEM dice que “no ha recibido presiones” para la contratación de personal

Carlos Eduardo Audivert Cors es el nuevo director general ejecutivo de la AISEM desde octubre. Foto: AISEM

 



Fuente: El DEBER
La nueva administración de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), liderada por su director Carlos Eduardo Audivert Cors, aseguró que “no ha recibido presiones, imposiciones ni condicionamientos de autoridades para la contratación de personal”.

Las nuevas “incorporaciones responden a las necesidades institucionales y a los perfiles establecidos en el Manual de Puestos y los POAIs, aprobados mediante Resolución Administrativa 42/2026, garantizando la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de todas las personas”, señala un comunicado oficial de AISEM.

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Este pronunciamiento surgió después de que, en los últimos días, se publicaron audios de presiones que se ejercían a la ahora exdirectora general ejecutiva de la AISEM, Daniela Quiroga, para contratar a nuevos funcionarios recomendados.

En los audios están involucrados los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, y quienes no han negado la veracidad del material.

Pero –según Quiroga– también está involucrado en este tipo de acciones el diputado Óscar García (PDC). Incluso, la exdirectora aseguró que pedían acelerar las convocatorias y “dirigir” licitaciones.

La AISEM, en su comunicado, expresa que “la exautoridad tiene pleno derecho de acudir a las instancias competentes para denunciar los presuntos hechos de presión, amedrentamiento o injerencia que afirma haber sufrido, a fin de que sean investigados y san-cionados si corresponde”.

También indica que su nueva administración “inició acciones para reactivar los proyectos hospitalarios, gestionar equipamiento médico y promover el funcionamiento de establecimientos de salud que permanecen sin operar”.

“Paralelamente, se fortalecerá el seguimiento de los procesos legales para precautelar los intereses del Estado y esclarecer posibles responsabilidades, garantizando que la infraestructura y el equipamiento médico estén al servicio de la población”, asegura la institución.